Investigaciones de la FGR señalan la existencia de una estructura criminal vinculada al CJNG en Tequila, Jalisco, donde se presume que la administración del alcalde Diego ‘N’ utilizó a la policía municipal y facultades administrativas para ejecutar secuestros, extorsiones y mecanismos de presión contra la población
Diversos sectores de Tequila, Jalisco, denunciaron ante las autoridades el uso sistemático de la fuerza pública y de facultades administrativas como mecanismos de coacción, extorsión y presión política por parte del gobierno municipal
Ese patrón es el que la Fiscalía General de la República (FGR) ubica como eje central de la acusación contra Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, a quien señala de encabezar una presunta red dedicada al secuestro, la extorsión y el control político, con supuesta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión integrada por la FGR y consultada por Latinus, la estructura con la que habría operado el alcalde incluía a policías municipales, integrantes de su gabinete y personas señaladas en Estados Unidos por presuntos vínculos con dicha organización criminal. El documento fue presentado ante un juez el 30 de enero y cumplimentado el 5 de febrero.
En el escrito judicial, la fiscalía sostiene que Diego Rivera Navarro utilizó la fuerza institucional del gobierno municipal para ejecutar fines delictivos, lo que describe como una convergencia entre criminalidad organizada y ejercicio del poder público.
