El gobierno de Estados Unidos va por los bienes del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los de los nueve políticos y jefes policiales acusados de narcotráfico, obtenidos por su presunta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
En la imputación del caso, el Departamento de Justicia estadounidense notificó que están sujetos a decomiso todos y cada uno de los inmuebles o cualquier ganancia económica de los 10 inculpados que deriven, directa o indirectamente, del apoyo al tráfico de drogas e importación de armas de los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
