Hace ochenta años, Dietrich Bonhoeffer escribió una observación incómoda: “La estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la malicia. La malicia se puede exhibir, denunciar e incluso contener. La estupidez, en cambio, desarma porque no opera con lógica: los hechos rebotan, los argumentos se estrellan y, cuando la evidencia es irrefutable, se descarta como ‘incidental’. Ante la estupidez estamos indefensos. No tiene sentido tratar de persuadir con razones a quien es estúpido; incluso puede ser peligroso”.
En los setenta, Carlo Cipolla aterrizó el concepto con una definición útil para la vida pública: “Una persona estúpida es la que causa pérdidas a otros sin obtener ganancia para sí, e incluso perjudicándose. No es el corrupto que roba para enriquecerse. No es el oportunista que manipula para ganar. Es el actor –individual o colectivo– que destruye valor por reflejo, por dogma, por impulso tribal, por orgullo, por ‘así siempre se ha hecho’, por la adicción a tener la razón, aunque el país pierda”.
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Una persona estúpida es peligrosa y dañina porque a las personas razonables les cuesta imaginar y entender el comportamiento no razonable del estúpido. Si vemos con frialdad la realidad económica y política de México, podríamos concluir que uno de nuestros frenos centrales al desarrollo no es la falta de talento, ni la falta de trabajo, ni la falta de oportunidades globales. Es algo más corrosivo: la institucionalización de la estupidez. Es decir, la normalización de decisiones públicas que dañan a millones sin beneficiar genuinamente a los ciudadanos, excepto a la vanidad del poder y a la necedad del “nosotros contra ellos” o de tal o cual “movimiento”.
Esta discusión no es académica. México arrastra más de treinta años de crecimiento raquítico que alcanza para casi nada. Hemos aprendido a vivir con un techo bajo, a celebrar lo marginal y a justificar el estancamiento con narrativas o cajas chinas. Mientras otros países transformaron productividad, inversión y competencia en bienestar, nosotros convertimos el debate económico en un pleito moral. El resultado está a la vista: una economía que trabaja mucho, produce poco valor agregado y se resigna a crecer 2 por ciento en un buen año, incapaz de crear verdadera prosperidad a la escala que el país necesita.
La estupidez pública rara vez se presenta como estupidez: se disfraza. A veces se viste de ideología; a veces de patriotismo; a veces de supuesta justicia social; a veces de “soberanía”; a veces de “austeridad”. Y, como Bonhoeffer anticipó, el problema no es que falten datos, sino que los datos compiten contra un hechizo: el de las frases hechas, los eslóganes, la polarización, el enemigo imaginario y la certidumbre moral de que cuestionar o dudar es traicionar.
Así, vemos cinco patrones obvios: a) Convertir la economía en propaganda. Se habla mucho de crecimiento, pero no se procura una conversación seria sobre competencia, sobre productividad, sobre inversión. La discusión pública se vuelve guerra de adjetivos y el país pierde lo esencial: una agenda sostenida para crecer. Es imposible despegar si preferimos el relato a la reforma, los comités a la sensatez. b) Destruir la confianza. La inversión no es un acto de fe en un líder: es un cálculo sobre reglas, tiempo y retorno. Cada vez que la política trata la ley como plastilina, cambia reglas a mitad del juego o usa la regulación como arma, México paga un impuesto invisible: menos proyectos, más costo de capital, más prima de riesgo. La estupidez aquí es creer que se puede prosperar sin certidumbre.
c) Confundir control con capacidad. Concentrar decisiones no equivale a gobernar mejor. Gobernar mejor es diseñar instituciones que funcionen incluso cuando el gobernante sea mediocre. Cuando debilitamos contrapesos, reguladores o mecanismos de evaluación, ganamos “poder”, pero perdemos capacidad. d) Administrar pobreza en vez de producir prosperidad. Los programas sociales pueden ser necesarios; creer que sustituyen al crecimiento es suicida. Cipolla diría que esta es una de las formas más dañinas de estupidez: actuar como si la transferencia reemplazara productividad, inversión, competencia, crédito, infraestructura y educación útil. Los avances sociales se sostienen con economías dinámicas, no con discursos.
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e) Sabotear al que hace. México castiga al que produce con trámites, discrecionalidad y tiempos muertos. Se presume culpable al empresario, al emprendedor, al que compite. ¿Resultado? Menos formalidad, menos inversión y menos innovación. Y luego nos sorprende que el país no despegue. Y así, se perpetúa el ciclo: políticas que “se sienten bien”, pero funcionan mal; decisiones que destruyen valor y luego exigen más control para corregir su propio daño. Si aceptamos que lo que hemos hecho por más de 30 años no ha funcionado, el siguiente paso es igual de incómodo: cambiarlo. No con ocurrencias, sino con un giro de prioridades.
Urgen: 1) instituciones que obliguen a pensar; 2) reglas que premien el valor creado, no la lealtad; 3) un pacto operativo por el crecimiento: energía suficiente, infraestructura, simplificación regulatoria, crédito y educación alineada al empleo; 4) despolitizar lo técnico: tipo de cambio, productividad, logística e inversión; 5) cultura pública de responsabilidad: dejar de aplaudir el capricho y castigar la incompetencia. México no está condenado, pero el optimismo sin ejecución es autoengaño. Si queremos desarrollo de verdad, el primer paso es aceptar que no podemos seguir poniendo la carreta delante de las mulas.
