En 2025 las agresiones contra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aumentaron 23 por ciento, la cifra de soldados muertos se incrementó 20 por ciento y la de heridos 19 por ciento, lo que convirtió al año en el de mayor confrontación entre militares y crimen organizado en los últimos 4 años.
El incremento marca un cambio de escenario en donde los enfrentamientos pasaron a combates prolongados con tácticas de guerra irregular, reconocen fuentes castrenses.
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Las cifras oficiales registran 506 agresiones armadas a elementos del Ejército en 2025, frente a 411 en 2024, 262 en 2023, 260 en 2022 y 236 en 2021. El repunte impactó en bajas: 36 militares muertos y 162 heridos, mientras 321 agresores fueron abatidos, indicador de enfrentamientos más intensos y cercanos.
La letalidad militar (sin contar a elementos de la Guardia Nacional y la Marina) también aumentó cerca de 20 por ciento, señal de que las tropas respondieron a ataques más violentos y con mayor poder de fuego.
En campo, los tiroteos dejaron de ser la única forma de ataque. Durante 2025 aparecieron minas terrestres artesanales, drones con explosivos, barricadas armadas y emboscadas móviles, tácticas propias de insurgencia criminal que buscan desgastar patrullajes y evitar capturas.
De acuerdo con fuentes militares, ha cambiado la naturaleza de los ataques, pues antes predominaban enfrentamientos espontáneos tras una detención.
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“Ahora hay preparación previa”, dijo un comandante asentado en Michoacán.
Las células criminales vigilan rutas militares, siembran explosivos, emplean drones y montan bloqueos coordinados. Es decir, el objetivo ya no es huir sino es frenar el avance territorial de las fuerzas federales.
La violencia no está distribuida al azar. Se concentra en corredores dominados por organizaciones criminales.
Sinaloa encabezó los ataques contra el Ejército con más de 90 agresiones en 2025, seguido por Michoacán con más de 70. Después aparecen Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Estas entidades coinciden con territorios de disputa entre cárteles.
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En el primer estado operan facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente grupos enfrentados entre sí, lo que obliga a despliegues constantes del Ejército. Las emboscadas suelen ocurrir en carreteras rurales y comunidades serranas.
Michoacán se convirtió en una zona de choque entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), remanentes de autodefensas armadas y grupos locales. Es el estado donde más se emplean minas terrestres improvisadas contra convoyes militares.
En Sonora, se registra una disputa entre Chapitos y Salazar (ligados al Cártel de Sinaloa) contra células del CJNG. Predominan ataques rápidos desde vehículos y drones con explosivos en brechas desérticas.
Tamaulipas es otro territorio fragmentado entre escisiones del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Aquí, las agresiones, con emboscadas urbanas contra patrullajes y retenes son constantes, de acuerdo con fuentes militares.
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En Zacatecas los soldados también resienten la metralla. La entidad es una vía de trasiego donde CJNG y Sinaloa mantienen choques constantes; los ataques al Ejército buscan impedir incursiones a comunidades controladas por halcones armados.
En Jalisco, la base operativa del CJNG, los enfrentamientos suelen darse en zonas serranas cuando las tropas intentan ingresar a campamentos o laboratorios clandestinos, alertaron los mandos consultados.
