Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera que endurece el marco regulatorio para agentes y agencias aduanales.
La propuesta no solo incrementa sus responsabilidades, sino que también establece sanciones más severas para quienes incumplan con sus obligaciones.
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Uno de los puntos centrales es que los agentes aduanales, las agencias y sus mandatarios autorizados deberán responder directamente por el pago de impuestos al comercio exterior, así como por otras contribuciones derivadas de las operaciones en las que participen. Además, cuando los agentes sean socios de una agencia, asumirán de manera solidaria el pago de cuotas compensatorias e impuestos correspondientes a las actividades de la empresa.
El proyecto también propone un cambio de fondo: las patentes y autorizaciones, que hasta ahora tenían carácter vitalicio, solo tendrían una vigencia de 10 años. Dicho plazo podría renovarse por otro periodo igual, siempre y cuando los interesados soliciten la prórroga en el último año y cumplan con los requisitos establecidos. El objetivo, según la iniciativa, es garantizar que la actividad aduanera se ejerza con profesionalismo, bajo principios éticos y con un control constante por parte de la autoridad.
Otro requisito nuevo será la certificación obligatoria cada dos años, condición que permitirá a los clientes contar con agentes confiables y actualizados. También se exigirá presentar anualmente información sobre la evolución patrimonial, así como demostrar independencia frente a las empresas a las que presten servicios, evitando vínculos societarios o laborales que generen conflictos de interés.
En materia institucional, se plantea la creación del Consejo Aduanero, un órgano colegiado encargado de aprobar o negar las solicitudes de patentes y autorizaciones, así como de resolver prórrogas y procedimientos relacionados. Este consejo estaría presidido por la Secretaría de Hacienda y conformado por funcionarios del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de representantes invitados con voz, pero sin voto.
Respecto a las sanciones, se amplían los supuestos de suspensión y cancelación. Podrán ser suspendidos quienes estén sujetos a investigación penal por delitos fiscales u otros con penas mayores a cinco años de prisión, así como quienes estén privados de la libertad durante procesos judiciales. En caso de sentencia condenatoria, se prohibirá solicitar de nuevo una patente. También se cancelará la autorización a quienes gestionen mercancías no permitidas, estén ilocalizables en su domicilio fiscal o acumulen más de dos suspensiones en un lapso de tres años.
La propuesta también obliga a que los agentes aduanales socios de una agencia formen parte de su consejo de administración, reforzando así su participación y responsabilidad en la toma de decisiones. Con ello, se amplía el número de obligados solidarios, a fin de que el Estado tenga mayores garantías de cobro en caso de incumplimiento o insolvencia de las agencias.
En resumen, la iniciativa busca cerrar espacios a la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en el sector aduanero, alineándose con el discurso gubernamental de construir un sistema transparente, austero y eficaz en materia de comercio exterior.
