La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield –actual senador por Morena– y David Aguilar Romero, por presuntamente encabezar una red de extorsión a empresarios gasolineros en México en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
De acuerdo con información publicada por La Silla Rota, la indagatoria FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 señala que el esquema criminal alcanzó a más de 6 mil estaciones de servicio en todo el país, las cuales habrían sido obligadas a pagar cuotas mensuales a cambio de protección o para evitar sanciones administrativas.
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EL ESQUEMA DE EXTORSIÓN
El testimonio de un exfuncionario identificado como “Pablo” reveló cómo dentro de Profeco se creó un sistema de cobro de “vacunas” a gasolineros, bajo la amenaza de exponerlos en el programa “Quién es quién en los combustibles”, diseñado en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El esquema detallaba que los pagos se recolectaban con apoyo de cárteles, mientras funcionarios de Profeco garantizaban protección administrativa. En el Valle de México, las cuotas iban de 20 mil a 25 mil pesos mensuales por estación de servicio, las cuales eran registradas en archivos de Excel y reportadas directamente a los titulares de la dependencia.
De acuerdo con la investigación, Sergio Arturo Iturbe habría pactado con Guerreros Unidos el movimiento de los fondos en Guerrero; Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y hoy diputada federal, presuntamente facilitó apoyo del CJNG; mientras que el Cártel Santa Rosa de Lima coordinaba la logística de recolección de pagos con apoyo de Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración en Profeco.
PRUEBAS Y TESTIMONIOS RECABADOS POR LA FGR
La FGR cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y David Aguilar Romero, donde se enlistan las gasolineras que habían cumplido con los pagos. Además, se documentaron reuniones entre Sheffield, Aguilar Romero y De la Peña Gutiérrez para coordinar la distribución del dinero, presuntamente utilizado también en periodos electorales.
Trabajadores de estaciones de servicio en Ciudad de México y Estado de México dieron testimonio de haber sido intimidados por operadores de la red. Estos individuos exigían el pago de cuotas a nombre de la Profeco y de los grupos criminales con los que supuestamente estaban aliados.
RESPUESTA DE RICARDO SHEFFIELD
Ante la publicación del caso, Ricardo Sheffield negó tener conocimiento de la investigación en su contra y aseguró que desconoce cualquier relación con prácticas de extorsión. Sin embargo, la carpeta ministerial sigue en curso y se espera que en los próximos meses se definan responsabilidades.
QUIÉN ES QUIÉN EN LOS COMBUSTIBLES
El programa “Quién es quién en los combustibles” fue impulsado por Profeco para transparentar los precios de gasolina y diésel en México. Mediante reportes semanales, el organismo señala a las estaciones con los precios más altos y más bajos, así como a aquellas con irregularidades en verificaciones.
Aunque se concibió como una herramienta de protección al consumidor, el testimonio presentado en la investigación sugiere que este mecanismo fue utilizado como instrumento de presión para obligar a gasolineros a pagar sobornos y evitar ser exhibidos públicamente.
DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO Y EL SECTOR GASOLINERO
• Más de 6 mil estaciones de servicio habrían sido víctimas de cobros ilegales, según la investigación.
• En México operan alrededor de 13 mil gasolineras, lo que implica que casi la mitad pudo haber sido afectada.
• Las cuotas mensuales de 20 a 25 mil pesos representaban ingresos millonarios para la red.
• El programa “Quién es quién en los combustibles” se mantiene como una de las principales herramientas de Profeco para regular precios en el país.
• Este caso recuerda a escándalos previos en donde programas gubernamentales fueron usados con fines políticos o de enriquecimiento ilícito.
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La investigación contra Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero coloca a la Profeco en el ojo del huracán, al vincularla con un esquema de corrupción y extorsión ligado a cárteles del narcotráfico. Más allá de la veracidad que determinen los tribunales, el caso refleja la fragilidad institucional frente al crimen organizado y el riesgo que enfrentan sectores estratégicos como el energético.
La exigencia ciudadana ahora es clara: transparencia, justicia y el fin de la impunidad, para que las instituciones encargadas de proteger a los consumidores no se conviertan en instrumentos de presión o enriquecimiento ilícito.
