I. POSTURA
Durante un evento en Torreón, el gobernador Manolo Jiménez se pronunció, una vez más, en relación con las denuncias públicas por extorsiones y amenazas que han enfrentado sectores empresariales y productivos en la región lagunera, específicamente del lado duranguense, de las cuales se acusa a la CATEM. “Coahuila es tierra de mujeres y hombres libres. Aquí mandamos las instituciones en conjunto con la ciudadanía”, expresó. El mensaje, se comenta en La Laguna, fue interpretado como una muestra de respaldo a los denunciantes y también como una señal clara de que, en Coahuila, la seguridad no se negocia.
II. COMPROMISO
El gobernador reiteró su respaldo a los organismos empresariales y sociales que han alzado la voz frente a situaciones de presión y violencia. Afirmó que su gobierno seguirá defendiendo la legalidad y las condiciones de confianza para quienes invierten y generan empleo. Frente a un problema que ya ha cruzado fronteras estatales, su pronunciamiento delineó una postura institucional clara, que contrasta con la omisión y la indiferencia que persisten en la entidad vecina.
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III. FANTASMA
El que se ha convertido en un auténtico “fantasma” en el ciberespacio es Luis Gerardo Marines González quien, hasta donde se sabe, es funcionario del Poder Judicial de Coahuila. Pese a su “larga trayectoria” en el servicio público, el “propietario” del “Grupo Inmobiliario” España Juárez simplemente no aparece en las búsquedas que cualquiera pueda realizar en las páginas web de las instituciones públicas de Coahuila. De hecho, pareciera que se ha dictado una instrucción para que sus registros sean borrados, pues hoy resulta imposible localizar las “versiones públicas” de sus declaraciones patrimoniales que, hace apenas unos días, estaban disponibles.
IV. ¿Y LA AUTORIDAD?
Valdría la pena que la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez González, le echara un ojo al asunto –como se dice coloquialmente–, pues justamente la dependencia a su cargo es la responsable de mantener a disposición del público el registro de las declaraciones patrimoniales que los servidores públicos deben presentar anualmente, así como al inicio y conclusión de sus encargos. ¿O será que se ha tomado la decisión de hacer algunas “excepciones”?
V. TENSIONES
Quienes siempre traen información de primera mano aseguran que, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el estira y afloja está a todo lo que da luego de conocerse el proyecto de sentencia que ha circulado el magistrado Felipe de la Mata Pizaña para resolver las impugnaciones relativas a la elección de quienes integrarán la Sala Regional Monterrey de dicho Tribunal. ¿Y eso por qué? Pues porque, se dice, aunque el ponente forma parte de la mayoría que encabeza la presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, no existe consenso en relación con la idea de rehacer el cómputo, o al menos no como lo está planteando él.
VI. INCERTIDUMBRE
Como se ha informado, De la Mata Pizaña está planteando anular una serie de casillas, lo que implica modificar las cifras finales de la elección y eso se traduce, ulteriormente, en que la aún consejera electoral de Coahuila, Madeleyne Figueroa, quede fuera del reparto de sillas en la referida Sala Regional. Curiosamente, no hay fecha –no pública, al menos– para que el proyecto de sentencia se discuta y vote. Así que los involucrados no tienen más remedio que seguirse comiendo las uñas…
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VII. DECISIÓN
Todo indica que, en lo relativo a la renovación del sistema de transporte público de Saltillo, la administración de Javier Díaz ha optado por un modelo de esos que técnicamente se llaman “arrendamiento de operación”. ¿Qué significa esto? Pues que las nuevas líneas troncales, que serán la columna vertebral del nuevo modelo –y arrancarán en octubre–, serán en efecto públicas, es decir, que el costo que implique su funcionamiento se pagará con recursos públicos… pero su operación será concesionada a un particular. No se trata de un juego semántico, sino de una decisión de carácter financiero que sería sano transparentar plenamente.
VIII. NEGOCIAR
Y es que, en principio, no es una mala idea si se justifica en términos de pesos y centavos, pues la disyuntiva es simple: crear una estructura burocrática que opere y administre un sistema de transporte realmente público, o contratar a alguien que preste el servicio y pagarle por garantizar condiciones mínimas de operación, calidad y eficacia… so pena de no pagarle. Todo es cuestión de que las condiciones se negocien a favor del contratante y no del proveedor…
IX. ORO VERDE
Ahora que los operativos en contra del crimen organizado se han intensificado –“haiga sido como haiga sido”–, alguien debería avisarle a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública federal, que necesita echarle un ojo a lo que sucede en la frontera con Estados Unidos y que incluye a Coahuila. De acuerdo con versiones de personas bien enteradas, el crimen cobra 800 dólares por tráiler de aguacate para cruzar a EU. Y como cruzan mil diarios, la caja suma 800 mil dólares al día. ¿De verdad nadie ve nada? ¿O lo que sucede es que hacerlo dejaría de convenir? Porque para que una estructura así funcione sin tropiezo, no basta el miedo ni la fuerza: se necesita el silencio… y la complicidad bien aceitada.
