Horst Rittel y Melvin Webber publicaron en la década de los setenta (1973) el artículo “Dilemas en una Teoría General de la Planificación”, el cual introdujo en el vocabulario de la administración pública la voz “problemas complejos”. El concepto, teóricamente y en resumen, califica un tipo de problemas públicos que se desarrollan en un sistema social público, en el que sus causas y consecuencias, así como sus soluciones no están del todo claras ni definidas en virtud de las circunstancias históricas en las que son aplicables. En buena medida, ello ocurre por su frecuencia y la multiplicidad de actores que participan.
Los problemas complejos en las sociedades contemporáneas están asociados con la dificultad para atender asuntos de gran magnitud en escala y frecuencia, así como con su relación a la rápida eficacia institucional para darles solución. Por esta razón, resulta importante destacar que, para enfrentar los problemas públicos complejos –por ejemplo, el desarrollo, la corrupción, la reducción de las desigualdades económicas y el ejercicio siempre eficaz y eficiente de los recursos públicos para la consecución de los objetivos de acciones de gobierno y políticas públicas– es necesaria la creación de canales de comunicación formal entre los entes públicos del Estado, así como de políticas públicas que se comuniquen entre sí.
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En el caso de la política de rendición de cuentas y la fiscalización superior, sus resultados pueden obtener mejor vinculación y creación de valor y beneficio si estos son considerados para la toma de decisiones y la mejora de la gestión pública. Los sistemas internos de control, entonces, deben mejorar procesos, adecuar mecanismos y –al final de cuentas– hacer eficaz el ejercicio, ya sea del programa público, la oferta de bienes y servicios o la gestión al interior de las organizaciones públicas.
En todos los casos, resulta fundamental la coordinación entre los fiscalizadores del ejercicio de los recursos públicos en el ámbito de sus atribuciones, como la que se ha establecido entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tratándose del control externo, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el caso del control interno.
A propósito de este enfoque interesante para resolver problemas públicos complejos y la necesidad de generar políticas que se comuniquen entre sí, recientemente presentamos en la ASF la “Guía para el Seguimiento de Acciones y Recomendaciones” a contralorías estatales en el caso del control interno a nivel local. Se trata de un instrumento valioso cuyo propósito es coadyuvar a que las entidades fiscalizadas realicen un adecuado seguimiento de las acciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización a los recursos públicos federales. Esta guía permitirá mejorar los procesos y la incidencia de los resultados de auditoría.
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En términos generales, la guía –coordinada por Alfonso Damián– permite revalorizar el seguimiento de los resultados del proceso de auditoría como una etapa sustantiva que permite vincular a la fiscalización con la mejora de la gestión. Es decir, en tanto la guía es una referencia para comprender mejor y gestionar la conversión de los resultados de auditoría en toma de decisiones, entonces ofrece la posibilidad de que tanto Fiscalización como Control Interno abran canales de comunicación que redoblen el valor y los beneficios del proceso de fiscalización.
Este instrumento, como otros que están presentes desde el enfoque preventivo de la fiscalización, abre nuevas posibilidades para resolver problemas públicos complejos y contar con mejores instituciones, programas y políticas públicas. Si Control Interno –a partir de la Guía– logra desempeños óptimos en el seguimiento de acciones, Fiscalización y Control Interno incidirán directamente en ello.
