En la actualidad, el Estado mexicano enfrenta importantes retos para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos. Sin duda, uno de los más complejos –y al mismo tiempo más urgentes– de atender es el fenómeno de la desaparición de personas.
Si bien la desaparición no es una práctica exclusiva del caso mexicano y tampoco reciente, la magnitud alcanzada supera numéricamente cualquier antecedente, como por ejemplo, las desapariciones ocurridas durante las dictaduras latinoamericanas. De acuerdo con las cifras oficiales, desde el primer caso del que se tiene registro, en diciembre de 1952, y hasta el corte de agosto del 2025, en México se contabilizan más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Interesante…’ y profundamente patriarcal: repensemos las masculinidades
Lamentablemente, la cifra no disminuye, sino que conforme pasan los días, las semanas y los meses, aumentan los casos de personas desaparecidas en el territorio nacional. Además, debemos recordar que dicha cifra corresponde sólo al registro oficial, por lo que para estar en posibilidad de visualizar el impacto real tendríamos que sumar los casos que no se denuncian, o aquellos que fueron registrados como delitos diversos.
En ese sentido, si bien podría pensarse que la desaparición es un problema del pasado, lo cierto es que constituye una herida viva en la realidad mexicana. Las historias de quienes faltan se entrelazan con las de sus familias, que no sólo sufren la ausencia y el dolor, sino que muchas veces también se enfrentan a la indiferencia institucional, la revictimización y la falta de justicia.
La desaparición de personas no es únicamente un tema de cifras o estadísticas: es un crimen que desgarra comunidades enteras, perpetúa el miedo y normaliza la violencia. Mientras no se garantice la búsqueda efectiva, el acceso a la justicia y la reparación integral, México seguirá cargando con una deuda humanitaria imposible de ignorar.
El reto está en reconocer que no se trata de un fenómeno aislado ni coyuntural, sino de una práctica sostenida que evidencia las fallas estructurales del Estado. Asumirlo con seriedad implica fortalecer a las instituciones, dotarlas de recursos suficientes, erradicar la impunidad y, sobre todo, colocar en el centro a las víctimas y a sus familias.
TE PUEDE INTERESAR: Clasificarán nivel de vulnerabilidad para priorizar búsquedas de desaparecidos
La desaparición de personas es, ante todo, un problema vigente. No puede quedar relegado a las páginas de la historia ni a la indiferencia social. La memoria, la verdad y la justicia son demandas que siguen latiendo en cada madre buscadora, en cada colectivo que no se rinde y en cada comunidad que exige respuestas. Hacerlas realidad no es un gesto de solidaridad: es una obligación del Estado y una tarea urgente de toda la sociedad.
En este contexto, el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, nos recuerda que detrás de cada nombre hay una historia truncada y una familia en resistencia. La fecha no es únicamente conmemorativa: es un llamado a la memoria colectiva y a la acción urgente. Recordar a las víctimas implica también exigir verdad y justicia, reconocer la dignidad de quienes buscan sin descanso y comprometerse, como sociedad y como Estado, a que la desaparición de personas deje de ser una herida permanente en México.
Twitter: @carlos_zamorav
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH
