Por Fiona E. Murray y Robert Murray, Project Syndicate.
BOSTON- Al comenzar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Canadá casi no tenía una industria militar significativa. Seis años después, las fábricas canadienses habían producido miles de aviones, cientos de buques de guerra y más de 800 mil vehículos militares. Un país con sólo once millones de habitantes se había convertido en una potencia militar‑industrial.
En esa transformación, fue fundamental la presencia de altos niveles de inversión pública. Pero ese gasto habría tenido poco sentido si Canadá no hubiera creado instituciones, mecanismos de financiación y estructuras físicas capaces de transformar en poco tiempo los compromisos políticos en producción industrial a gran escala. Los líderes de la OTAN que acudirán a Ankara los días 7 y 8 de julio para la cumbre 2026 del organismo deberían tomar muy en serio esta lección.
Los gobiernos de Europa y América del Norte están aumentando el gasto en defensa, con anuncios de nuevos planes de equipamiento, programas de compra y objetivos de gasto, incluido un compromiso de llegar a 2035 destinando a defensa el 5 % del PIB. Dar a la defensa el carácter de prioridad estratégica, aumentar el gasto y mejorar los sistemas de compra son pasos en la dirección correcta; pero para convertir los recursos en capacidades militares es necesario desarrollar una capacidad industrial.
Ucrania es la prueba de que las guerras modernas se financian por adelantado. Desde la invasión rusa a gran escala en 2022, Ucrania movilizó miles de millones de dólares para ampliar el desarrollo y la producción de drones. Los resultados fueron extraordinarios: drones que sólo cuestan unos pocos miles de dólares pueden destruir equipamientos militares que valen cientos o miles de veces más. Incluso cuando se los intercepta, provocan grandes pérdidas a Rusia, obligándola tal vez a disparar misiles de defensa aérea que cuestan decenas o cientos de miles de dólares. Nada de esto habría sido posible si no se hubieran financiado las fábricas, los ingenieros, el software, las cadenas de suministro y la capacidad de producción necesarios para la fabricación de drones a gran escala.
A los países de la OTAN no les faltan recursos, experiencia tecnológica o voluntad política. Lo que les falta es estructuras de mercado que puedan convertir esas fortalezas en capacidades militares con la rapidez y la escala que exige el entorno de seguridad actual. La capacidad de producción todavía es limitada, los cronogramas de entrega se extienden por años y hay fragilidad en cadenas de suministro críticas. La persistencia de cuellos de botella genera una creciente inflación en el sector de la defensa, con la consiguiente pérdida de poder de compra y retrasos en el despliegue de capacidades que se necesitan con urgencia.
Para desarrollar la capacidad industrial necesaria para la disuasión, los miembros de la OTAN tendrán que lograr una agilidad industrial de tiempos de guerra, sin adoptar niveles de control económico de tiempos de guerra. Esto exige una nueva estrategia de creación de mercado.
El primer desafío es crear demanda fiable a largo plazo, que es requisito para que haya inversión privada en construcción de nuevas fábricas o ampliación de líneas de producción. Esto implica que los gobiernos nacionales deben asumir compromisos de compra plurianuales creíbles (por separado y en conjunto con los aliados).
El segundo desafío es financiar la nueva demanda. La existencia de pedidos futuros no es suficiente, ya que la expansión industrial requiere acceso a capital a largo plazo a un costo asequible. Instalar nuevas fábricas, equipos y líneas de producción demanda una importante inversión inicial, para cuya financiación es común que los fabricantes recurran a préstamos de bancos comerciales; y el costo de este capital finalmente aparece en el precio que los gobiernos pagan por equipos militares y municiones. Allí donde la financiación comercial es inexistente o demasiado cara, los gobiernos en general se ven obligados a sustituirla.
Una estrategia de creación de mercado sería más eficiente y productiva que el sistema actual. El primer paso es una institución multilateral específica, que sirva de plataforma de financiación dedicada para el desarrollo y la expansión de las industrias de defensa y de las cadenas de suministro relacionadas. Es precisamente la función prevista para el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB por la sigla en inglés) que está en discusión.
Mediante la creación de un mercado de financiación para la defensa con respaldo soberano, el DSRB ayudará a reducir el costo de financiar la expansión industrial. La provisión de un entorno financiero más seguro (junto con compromisos de demanda a largo plazo que ofrezcan garantías de ingresos futuros) atraerá prestamistas comerciales e inversores privados.
Esto reducirá en gran medida la presión sobre los presupuestos de defensa, que en el sistema actual deben cubrir no sólo la inversión directa en capacidades militares, sino también los costos financieros asociados, el riesgo industrial y la ineficiencia. Cuanto más se puedan reducir estos últimos costos, más drones, misiles y municiones podrán comprar los gobiernos. Asignar más recursos está bien, pero potenciar el uso de los recursos ya asignados es mejor.
El DSRB no es una institución crediticia más. Con el tiempo, creará una curva de rendimientos con calificación AAA específica para inversiones en defensa, seguridad y resiliencia. De este modo, empresas, bancos y gobiernos podrán obtener condiciones de financiación diseñadas para los horizontes de inversión a largo plazo que son necesarios para construir fábricas, reforzar cadenas de suministro y ampliar la producción militar.
Fortalecer las capacidades de defensa no es sólo política de seguridad. También es política industrial. Las mismas inversiones que refuerzan el poder de disuasión también pueden sostener la producción industrial, la innovación, las exportaciones y el crecimiento económico.
Con señales de demanda futura derivadas de los programas de compra plurianuales y una plataforma de financiación provista por el DSRB, los aliados podrán por fin crear un mercado de defensa funcional, que sin sustituir los presupuestos nacionales de defensa, los hará más eficaces. El gasto en defensa se convertirá en inversión. La inversión se convertirá en producción. Y la producción se convertirá en disuasión.
Lo que en 1939 hizo de Canadá una potencia militar‑industrial no fue gastar más dinero que otros países, sino crear instituciones, mecanismos de financiación y estructuras industriales que transformaron ese gasto en producción. Copyright: Project Syndicate, 2026.
Fiona E. Murray es profesora de Emprendimiento en la Escuela Sloan de Administración en el MIT y presidenta del Fondo de Innovación de la OTAN.
Robert Murray, profesor de práctica en la Universidad Johns Hopkins y senior fellow no residente del Atlantic Council, es exdirector de innovación de la OTAN y miembro honorario del Consejo de Geoestrategia.
