Por Paolo Surico, Project Syndicate.
LONDRES- Tras años de inversión insuficiente, Europa está empezando por fin a aumentar el gasto en defensa. Pocos han planteado lo que está en juego con mayor franqueza que el exsecretario general de la OTAN George Robertson, quien advirtió que décadas de “complacencia corrosiva” han dejado al Reino Unido “en peligro”.
Según la Agencia Europea de Defensa, el gasto de la Unión Europea en investigación y desarrollo relacionados con la defensa ascendió a solo 13 mil millones de euros (15,200 millones de dólares) en 2024,aproximadamente el 0.07% del PIB-, frente a los 149 mil millones de dólares, o aproximadamente el 0.5% del PIB, de Estados Unidos. Cerrar esta brecha requerirá no solo un mayor gasto público en I+D, sino un enfoque fundamentalmente diferente de la movilización de capital.
Sin embargo, el dinero no es la principal limitación. El verdadero desafío es convertir el gasto en capacidad tecnológica. La defensa moderna tiene menos que ver con la cantidad de tropas que con el control de tecnologías avanzadas como los semiconductores, la IA, la computación cuántica y la energía limpia. La capacidad militar hoy depende de la rapidez con la que se puedan desarrollar y escalar estas tecnologías. Los países que actúen con celeridad serán más seguros y más prósperos, mientras que los que queden rezagados se verán obligados a depender de proveedores externos en un momento en que la fragmentación geopolítica hace que esa dependencia resulte cada vez más costosa.
Este desafío se vuelve cada vez más urgente en tanto se intensifica la competencia por tecnologías de importancia estratégica. Estados Unidos combina mercados de capitales profundos con un apoyo público a gran escala, mientras que China destina recursos estatales a un despliegue acelerado. Europa, que lucha por traducir su excelencia en investigación en capacidad industrial, corre el riesgo de quedarse atrás respecto a ambos.
El problema no es la falta de talento. Europa no carece de universidades de primer nivel ni de trabajadores altamente calificados, pero son muy pocas las empresas innovadoras que llegan a convertirse en grandes compañías competitivas a escala global, y muchas son adquiridas o se expanden en el exterior.
La debilidad de Europa es financiera e institucional. Si bien el continente cuenta con abundantes ahorros, carece de suficiente capital dispuesto a asumir riesgos. Esto ya no es solo un problema de crecimiento; es una cuestión de defensa, ya que la capacidad de escalar tecnologías emergentes determina cada vez más la capacidad militar.
Los sistemas de pensiones europeos se encuentran entre las mayores fuentes de financiación sin explotar para la expansión de industrias estratégicas. Sin embargo, si bien los fondos de pensiones gestionan enormes reservas de capital a largo plazo, especialmente en los planes de contribución definida que actualmente dominan el ahorro para la jubilación, solo destinan un pequeño porcentaje a empresas innovadoras y de alto crecimiento (en su mayoría fuera de Europa), priorizando los activos más seguros sobre las inversiones de renta variable más riesgosas.
Los fideicomisos y gestores de activos muchas veces consideran que las inversiones de renta variable son ilíquidas, inciertas y difíciles de comparar. El rendimiento se evalúa en plazos relativamente cortos, mientras que los pasivos se extienden a lo largo de décadas. Esta discrepancia genera fuertes incentivos para favorecer los activos líquidos y de baja volatilidad, incluso cuando los retornos a largo plazo justificarían una mayor asunción de riesgos. El resultado es un sesgo estructural que dificulta el acceso de las empresas innovadoras al capital que necesitan para crecer.
Si bien los responsables de las políticas reconocen cada vez más este problema, las medidas existentes siguen siendo demasiado limitadas. Iniciativas como el “Acelerador de Defensa y Seguridad” del Reino Unido han demostrado la viabilidad de la coinversión público-privada, pero no han modificado de manera significativa las decisiones institucionales sobre la asignación de recursos ni han generado la confianza necesaria para una mayor participación.
Una estrategia más efectiva consistiría en considerar el gasto público como un catalizador, en lugar de como una simple fuente de financiación. Si los gobiernos igualaran la inversión privada en sectores estratégicos, podrían crear incentivos poderosos para el desarrollo de nuevas tecnologías. Los riesgos se compartirían, mientras que la selección de proyectos seguiría en manos del sector privado.
Este enfoque tendría dos efectos clave. En primer lugar, reduciría el riesgo al que se enfrentan los inversores institucionales, facilitándoles la inversión de capital en activos ilíquidos e inciertos. En segundo lugar, atraería inversión adicional, ya que cada euro de dinero público movilizaría una cantidad equivalente de capital privado. De este modo, el gasto público se potenciaría, en lugar de simplemente desplegarse.
Con el tiempo, este tipo de acuerdos podrían transformar radicalmente el comportamiento institucional. A medida que los inversores adquieran experiencia, desarrollen conocimientos especializados y acumulen una trayectoria en estas clases de activos, los riesgos percibidos disminuirían. Lo que comienza como una coinversión podría entonces evolucionar hacia un ecosistema más autosuficiente, donde el capital privado desempeñaría un papel más importante incluso sin un apoyo público continuo.
En última instancia, la autonomía estratégica de Europa depende de su capacidad para movilizar capital a gran escala y dirigirlo hacia empresas nacionales en sectores críticos. Sin esa capacidad, Europa seguirá dependiendo de proveedores extranjeros. Hoy en día, esa dependencia implica riesgos costosos, desde interrupciones en el suministro hasta una menor influencia sobre las normas y la producción.
Es fundamental señalar que una mayor exposición a activos de alto crecimiento no tiene por qué entrar en conflicto con los intereses de los ahorristas. Puede mejorar la diversificación y la rentabilidad a largo plazo, siempre que los riesgos se gestionen adecuadamente. El principal obstáculo no es la falta de voluntad, sino la forma en que se estructuran los incentivos institucionales y las reglas de las carteras.
Para alcanzar la escala y la previsibilidad necesarias, los mecanismos de coinversión deben ser lo suficientemente amplios como para influir en las carteras institucionales y estar integrados en compromisos públicos de I+D duraderos y plurianuales, como los implementados por Francia y Finlandia. Sin esa coherencia, es poco probable que los inversores desarrollen la experiencia necesaria y comprometan capital a largo plazo.
Asimismo, un giro hacia la coinversión no requiere necesariamente un aumento significativo del endeudamiento público. Europa ya destina recursos sustanciales a la política de innovación, aunque no de forma que se movilice eficazmente la inversión privada adicional. Los incentivos fiscales, como el “Patent Box” del Reino Unido, por ejemplo, suelen ser costosos, benefician de manera desproporcionada a las grandes empresas ya establecidas y, con frecuencia, premian actividades que se habrían llevado a cabo de todos modos. Redirigir estos recursos hacia la coinversión y la financiación competitiva de la I+D apoyaría a las empresas innovadoras, especialmente a las startups en fases avanzadas, para las que las restricciones de capital son más acuciantes.
La lección general es clara: el gasto en defensa ya no puede separarse de las políticas financieras y de innovación. Los países que alineen la inversión pública con el capital privado estarán mejor posicionados para desarrollar las tecnologías de las que dependen tanto la seguridad como la prosperidad. Aquellos que no lo hagan descubrirán que mayores presupuestos de defensa por sí solos no bastan para garantizar la prosperidad económica ni la seguridad nacional. Copyright: Project Syndicate, 2026.
Paolo Surico es profesor de Economía en la London Business School.
