Por Guillermo Ortiz, Project Syndicate
CIUDAD DE MÉXICO- Durante gran parte de la última década, México ha mantenido estabilidad macroeconómica, aun cuando el impulso por centralizar el poder ha erosionado las instituciones democráticas. La inflación se mantuvo en términos generales bajo control, los déficits fiscales estuvieron en gran medida contenidos y los mercados financieros parecían poco preocupados. Esta paradoja alimentó una narrativa tranquilizadora: que México podía flexibilizar sus reglas democráticas sin poner en riesgo sus fundamentales económicos. Sin embargo, esta narrativa comienza a desmoronarse.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó un proceso de centralizacion política. Tras su llegada al poder en 2018, debilitó instituciones autónomas, desmanteló contrapesos y amplió el control del Ejecutivo sobre sectores clave. En 2024, este proceso culminó en una controvertida reforma constitucional, aprobada por una mayoría calificada en el Congreso, que detonó la reconfiguración del Poder Judicial que en esencia concentró el poder en la rama del Ejecutivo y alteró el equilibrio de poder dentro del Estado.
Aunque la economía mexicana mostró resiliencia durante esta transformación institucional, su desempeño ha sido consistentemente decepcionante. A pesar de condiciones externas favorables, el crecimiento promedio del PIB durante el gobierno de AMLO, así como bajo su sucesora designada, Claudia Sheinbaum, ha quedado rezagado frente a tendencias históricas y a otros mercados emergentes. Estos resultados no se tratan simplemente de un ciclo adverso, sino que reflejan restricciones estructurales más profundas, como una inversión débil, productividad en declive y una persistente incertidumbre de la política económica.
En lugar de invertir en sectores esenciales como salud, educación y capacidad regulatoria, el gobierno ha concentrado recursos fiscales en programas sociales insostenibles y en proyectos emblemáticos, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pese a sus retornos cuestionables, sobrecostos y limitada transparencia. En un entorno ya caracterizado por bajo crecimiento, esta estrategia ha resultado poco efectiva.
Sheinbaum ha intentado compensar la asignación ineficiente de recursos públicos mediante la promoción de inversión privada, particularmente en infraestructura y energía. Recientemente propuso una iniciativa para fomentar la inversión pública y privada en infraestructura estratégica, con el objetivo de movilizar capital sin comprometer la disciplina fiscal y manteniendo el papel central del Estado.
Sin embargo, el problema reside en el marco subyacente. El gobierno busca atraer capital privado a gran escala mientras conserva el control sobre sectores estratégicos y limita el endeudamiento público. En la práctica, estos objetivos son difíciles de conciliar. Los inversionistas privados requieren certeza jurídica, mecanismos creíbles de evaluación de riesgos y contratos exigibles. Los cambios de política, la discrecionalidad regulatoria y el debilitamiento de instituciones independientes impiden que estas condiciones se cumplan. Como resultado, el portafolio de proyectos ha permanecido limitado.
En ningún ámbito esto es más evidente que en el sector energético, donde el Estado busca preservar el control operativo al tiempo que invita a inversionistas a participar bajo condiciones cada vez más restrictivas. Este enfoque difícilmente movilizará capital privado, aliviará las presiones fiscales o atenderá las crecientes necesidades de energía eléctrica.
