Por Jayant Sinha, Project Syndicate.
LONDRES- La probada independencia de sus instituciones de mercado ha convertido desde hace tiempo a Estados Unidos en el pilar del sistema financiero global. Incluso en tiempos de turbulencias políticas, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) han sido capaces de transmitirle al mundo que los mercados estadounidenses operan bajo reglas claras, imparciales y aplicadas de forma confiable.
Sin embargo, esa independencia hoy se ve mermada simultáneamente en las tres instituciones, lo que tiene graves consecuencias para la economía global. Los mecanismos pueden variar en cada caso, desde amenazas de acciones judiciales contra los responsables de los bancos centrales hasta el despido de comisionados y el recorte de la capacidad de aplicación de la ley, pero la erosión de la independencia es la misma.
La independencia institucional puede evaluarse mediante cinco criterios extraídos de la bibliografía sobre gobernanza corporativa. Los mismos principios que distinguen a las empresas bien gestionadas de las mal gestionadas pueden aplicarse a las instituciones públicas que sustentan la confianza en los mercados.
El primer principio es que la selección de los dirigentes debe basarse en los méritos, estar vinculada a una misión clara y estar sujeta a mandatos de una duración determinada. En segundo lugar, la gobernanza debe ser pluralista y dar cabida a voces independientes con poder de veto real. En tercer lugar, una institución debe rendir cuentas ante las personas a las que sirve, no ante el ejecutivo que nombró a sus autoridades. En cuarto lugar, la financiación debe ser independiente y estar aislada de las presiones presupuestarias. Y, en quinto lugar, las instituciones deben comprometerse a mantener una transparencia rigurosa.
Ningún indicador por sí solo es determinante. Pero cuando una institución comienza a fallar en múltiples aspectos al mismo tiempo, el proceso de deterioro ya está en marcha y es probable que se acelere.
Para hacernos una idea del alcance del debilitamiento que ya se ha producido bajo la presidencia de Donald Trump, empecemos por la Reserva Federal. En lo que respecta a las autoridades, el Departamento de Justicia ha amenazado al presidente Jerome Powell con una acusación penal por su testimonio ante el Congreso en relación con unas obras de renovación. Powell ha calificado esto abiertamente como un pretexto para socavar la independencia del banco central a la hora de fijar las tasas de interés, y Trump ha dejado claro que quiere que el sucesor de Powell baje las tasas de inmediato.
En materia de gobernanza, el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, junto con la afirmación de su administración de que las garantías contra la destitución por causa justificada son inconstitucionales, constituye un ataque a la autonomía estructural destinada a proteger la política monetaria de las presiones políticas. Y en lo que concierne a la financiación, Trump ha firmado un decreto ejecutivo que exige la aprobación de la Casa Blanca para las decisiones de política regulatoria de los organismos independientes, con una única excepción muy limitada para la política monetaria. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, han advertido que estas medidas suponen un grave peligro para la estabilidad financiera global.
La SEC está suspendiendo aún más pruebas. El presidente designado por Trump, Paul Atkins, ha adoptado una postura agresivamente desregulatoria, descartando las reglas propuestas y optando por una supervisión menos estricta. La plantilla se ha reducido aproximadamente un 17% con respecto al año fiscal 2024, y las bajas se han concentrado en el departamento de cumplimiento y en la Oficina del Asesor Jurídico. Como resultado de ello, las medidas de cumplimiento contra las empresas cotizadas se redujeron un 30% en el año fiscal 2025, con solo cuatro iniciadas bajo la nueva dirección.
Aunque la SEC conserva su autoridad legal en los papeles, está perdiendo la capacidad de ejercerla. Las consecuencias podrían resultar desastrosas. Destacados profesores de derecho bursátil han advertido que un debilitamiento de la aplicación de la ley da pie al tipo de fraude encubierto que provocó los escándalos de Bernie Madoff y Enron.
Por último, la FTC es la que pone de manifiesto con mayor claridad el patrón de erosión institucional. La administración Trump destituyó a los dos comisionados demócratas en marzo de 2025, a pesar del precedente de la Corte Suprema de 1935 establecido en el caso Humphrey’s Executor (un precedente que la administración Trump está tratando por todos los medios de que la mayoría conservadora del tribunal revoque), y el nuevo presidente, Andrew Ferguson, respaldó las destituciones. La FTC actualmente opera con solo dos comisionados, ambos republicanos, frente a los cinco que establece la ley.
Como ha observado William Kovacic, expresidente republicano de la FTC, estos despidos ponen de manifiesto el control total del ejecutivo sobre lo que se supone que es un organismo regulador independiente. Asimismo, una reducción de la plantilla del 10% ha dejado el número de empleados de la FTC en aproximadamente 1,100, la cifra más baja de los últimos diez años, mientras que los recortes presupuestarios propuestos para 2026 supondrían la supresión de 51 puestos en la Oficina de Competencia.
El mercado de bonos ha emitido su veredicto sobre la integridad de las instituciones de mercado estadounidenses. Tras mantenerse en terreno negativo durante la mayor parte de la década de 2010, la prima de plazo de los bonos del Tesoro a diez años (según el modelo de Kim-Wright) se disparó por encima de los 80 puntos básicos en enero de 2025, alcanzando su nivel más alto desde 2011, y se mantiene elevada en torno a los 50 puntos básicos. Según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, este aumento representó más de la mitad del incremento de los rendimientos a largo plazo que se produjo incluso mientras la Fed recortaba las tasas a corto plazo. Del mismo modo, los estrategas de bonos de Wells Fargo han relacionado la prima elevada con las preocupaciones sobre la independencia del banco central.
Hay dos escenarios posibles. En uno de ellos, las instituciones dan señales de resiliencia. La estructura del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se mantiene, la Corte Suprema confirma las garantías contra la destitución por causa justificada, los presupuestos destinados a la aplicación de la ley se estabilizan, la prima de plazo se normaliza y Estados Unidos conserva su papel como jurisdicción predeterminada para la asignación de capital a nivel global.
En el segundo escenario, la politización persiste, el control ejecutivo sobre la política monetaria se vuelve norma, la aplicación de la normativa sobre valores sigue siendo deficiente y la capacidad antimonopolio se erosiona aún más. En consecuencia, el dólar se debilitaría a medida que los bancos centrales extranjeros diversifican sus carteras alejándose de los bonos del Tesoro, y los mercados de capitales acumularían riesgos opacos en tanto se deteriora la aplicación de la normativa de divulgación.
Para empeorar las cosas, las estructuras oligárquicas del sector se reforzarían a sí mismas a medida que las empresas dominantes se enfrentan a una competencia cada vez menor. El costo del capital aumentaría para los emisores legítimos, mientras que disminuiría para aquellos dispuestos a operar en los vacíos dejados por unos reguladores debilitados.
El segundo escenario no requiere una ruptura drástica, sino solo una continuación de las tendencias actuales. No es inevitable, las instituciones pueden reconstruirse y las normas restablecerse, pero sin duda se está volviendo más probable. Desde los bancos centrales latinoamericanos de la década de 1980 hasta los fallos regulatorios que precedieron a la crisis financiera de 2008, hay una lección sobre la decadencia institucional que se destaca: la erosión suele agravarse silenciosamente hasta que estalla una crisis.
Los próximos dos años determinarán qué equilibrio prevalecerá. A menos que los responsables políticos y los inversores reviertan esta degradación progresiva mientras aún estén a tiempo, aprenderán otra lección de las crisis pasadas: el costo de la reparación es mucho mayor que el de la prevención. Copyright: Project Syndicate, 2026.
Jayant Sinha es el presidente del Everstone Group y profesor visitante en la London School of Economics. Anteriormente ocupó el cargo de ministro de Estado de Finanzas y de Aviación Civil de India.
