Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó 14.4% más pérdidas en 2025 en comparación con un año antes a causa de la sustracción ilegal de combustibles, delito mejor conocido como huachicol, de acuerdo con su último reporte financiero, publicado el viernes pasado.
La empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla indicó que el año pasado las pérdidas por ese concepto fueron de 23 mil 491 millones de pesos, mientras en 2024 alcanzaron 20 mil 529 millones.
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El monto de 2025 equivale a la mitad de las pérdidas financieras reportadas la semana pasada en los estados financieros de Pemex.
Este combustible robado es el que se sustrae de forma tradicional a través de poco más de 10 mil 500 tomas clandestinas reportadas el año pasado.
Además, el monto del quebranto reportado es el mayor desde 2018, cuando las pérdidas fueron de 39 mil 388 millones de pesos.
Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de la consultora Edge Innovation, agregó que el que siga aumentando el valor de lo robado evidencia que hay complicidad desde dentro de Pemex.
“Se ha desarrollado un mercado ilícito con graves consecuencias para el país. En el aspecto económico, las pérdidas por el mercado ilegal deben rondar el 5 % del Producto Interno Bruto”, dijo.
“Ahora vemos que el huachicol que se hace por tomas clandestinas crece, mientras se supone que las autoridades investigan el fiscal o el contrabando, lo que indica que hay total impunidad y que se trata de un problema serio que no se combate, pues no hay más detenidos ni órdenes de aprehensión”.
El año pasado el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), inició una investigación acerca del huachicol fiscal o contrabando de combustibles en el país, que apuntaba directamente a almirantes de la Secretaría de la Marina, los cuales eran sobrinos del titular de esa institución, Rafael Ojeda Durán, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin contundencia
Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, expuso que, a más de un año de iniciarse la investigación, las autoridades de la fiscalía no han aportado resultados efectivos.
“No importa que haya órdenes de aprehensión, no importa que haya una línea directa que señale a altos mandos del gobierno anterior: no se combate el robo de combustibles, porque significa confrontar a grupos de interés. Además, se han sofisticado los grupos que cometen este ilícito”, apuntó.
De acuerdo con una investigación realizada por EL UNIVERSAL con base en cifras obtenidas vía transparencia, entre 2019 y 2024, es decir, en el sexenio anterior, las personas con sentencia absolutoria o condenatoria implicadas en robo de combustibles fueron 172, mientras que en el sexenio previo (2013 a 2018) fueron 3 mil 138.
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, explicó que el problema del huachicol a través de las tomas clandestinas representa un problema estructural, no sólo operativo, y pone en evidencia que, pese a operativos y vigilancia militarizada en los ductos de Pemex, el modelo de negocio del huachicol sigue siendo rentable.
“El combate se ha concentrado en la detección de tomas clandestinas; sin embargo, persisten retos estructurales: insuficiente desarticulación de redes financieras. Falta de trazabilidad integral en tiempo real. Mercado ilegal con demanda activa. Fragmentación entre autoridades fiscales, regulatorias y de seguridad”, apuntó.
“Mientras no se ataque la rentabilidad completa de la cadena ilícita, el fenómeno seguirá representando un costo creciente. Por esa razón habrá un impacto directo en las finanzas públicas, pues las pérdidas por robo de combustible no sólo afectan a la empresa, sino que impactan las finanzas nacionales”.
El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que, aunado al problema de la sustracción de combustibles, Pemex enfrenta retos operativos ante la reducción de la producción de petróleo y, a pesar de que recibe apoyos inéditos, la problemática de la petrolera le ha hecho perder 45 mil millones de pesos el último año y tener deudas históricamente altas.
“El huachicol dejó de ser sólo un problema de seguridad pública; hoy es un problema de sostenibilidad financiera para el Estado mexicano”, sentenció Díaz Ibarra.
