Un tribunal federal volvió a dictar la vinculación a proceso de Ramón Sosamontes, ex jefe de Oficina de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con Rosario Robles, por un contrato presuntamente indebido de más de 353 millones de pesos en el caso de la “Estafa Maestra”.
En cumplimiento de una sentencia de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México nuevamente resolvió que existen datos de prueba para procesar al exfuncionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
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Apenas el jueves pasado se dio a conocer que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México invalidó el proceso abierto contra Sosamontes, al considerar que la Fiscalía General de la República no presentó ningún argumento o agravio operante y suficiente para revocar el amparo que le concedieron al procesado en la instancia judicial previa.
Sin embargo, el viernes, por unanimidad de votos, el colegiado determinó que no hubo ninguna irregularidad en la vinculación a proceso en su contra, dictada el 13 de octubre de 2023 por un Juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, razón por la que confirmó ese fallo.
Según los antecedentes del caso, el 17 de marzo de 2014, la Sedesol suscribió un convenio y pagó 353 millones 652 mil 249.40 pesos a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).
El propósito era que el organismo estatal prestara el servicio de levantamiento de materiales de audio, video y fotografía para elaborar historias de los derechohabientes beneficiados por la ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’.
La FGR sostiene que RTH no tenía las capacidades para brindar los servicios y tuvo que subcontratar más del 49% del convenio, violando el tope máximo que establece la Ley de Adquisiciones. También asegura que el contrato fue adjudicado sin realizar la investigación de mercado para obtener las mejores condiciones de servicio, precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
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La defensa de Sosamontes esgrimió diversos argumentos o agravios contra la vinculación a proceso, entre ellos, el hecho de que el convenio que le imputan de ilegal no es un contrato de derecho público que se rija por la Ley de Adquisiciones, cuya presunta violación es el punto de partida de la imputación de la FGR.
