La operación militar en la que perdió la vida “El Mencho” fue impecable. Además, el impacto mediático logrado sentó un gran precedente que elimina la percepción de vulnerabilidad que perseguía al Estado mexicano. Sin embargo, descabezar a una organización criminal no significa su aniquilamiento, sino una reestructuración interna, donde los espacios vuelven a ser ocupados por quienes estaban esperando entrar al relevo generacional.
La estructura organizacional de tipo corporativo que hoy tienen los grandes cárteles evita que la sobrevivencia del grupo criminal dependa de un líder o caudillo. Si no fuese así, no hubiesen logrado la expansión internacional que han alcanzado.
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No hay universidad que sea capaz de formar empresarios tan efectivos como nos lo ha demostrado el talento emprendedor existente en estas organizaciones delictivas autodidactas. Sin embargo, la renovación de cuadros en una actividad sumamente peligrosa, como lo es el ámbito delincuencial, se resuelve violentamente.
Es de reconocerse el mérito del Gobierno mexicano derivado de este operativo. Sin embargo, ¿ahora qué sigue?
Es evidente que el crecimiento de las estructuras delictivas no sería posible sin la protección de funcionarios públicos de alto nivel. En la era de la transparencia y el control que ofrece la tecnología informática, la pasividad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es preocupante.
Seguir la ruta del dinero es determinante para combatir a las estructuras delictivas.
Además, la forma en que este gobierno ha arropado y protegido a funcionarios de muy alto nivel que han sido cuestionados –y hasta acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada– genera sospechas respecto a si existe una genuina voluntad política de acabar con la violencia y el crimen organizado.
Ni los gobiernos priistas fueron tan complacientes como lo es este régimen morenista, que aplica la justicia con rigor sólo contra quienes están fuera de sus colores partidistas, pero es omiso respecto a los que están dentro de sus filas.
No olvidemos a los tres gobernadores priistas encarcelados por corrupción y delincuencia organizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En cambio, ni uno de las filas morenistas ha sido sometido a juicio.
La respuesta de la Presidenta respecto a este cuestionamiento estuvo fuera de lugar cuando pidió mejor seguir hablando de García Luna, lo cual significa echar el balón hacia dos sexenios completos atrás, o sea, remontarnos casi quince años. Respuesta que evade las responsabilidades de este régimen.
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La ciudadanía está esperando ver a los primeros grandes capos de la “narcopolítica” en la cárcel y no sólo a funcionarios de mediano nivel –así como a policías y alcaldes–, que sin duda también deben ser castigados.
La ciudadanía tiene su lista con nombres de narcopolíticos claramente identificados y muy definidos –los cuales han sido arropados una y otra vez desde lo más alto del poder político nacional– apenas sus nombres salen mencionados en el ámbito mediático.
Éste es el gran pendiente. ¿A usted qué le parece?
