El 19 de enero se reportó que la administración presidencial de Claudia Sheinbaum reforzará sus acciones contra el combate de corrupción y la fuga de recursos.
Se informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá el objetivo de buscar y sancionar cualquier empresa que rinda servicios de venta de facturas; dichas organizaciones se les denomina como ‘factureras’.
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Gracias a la fabricación y venta de facturas, la distribución ilícita de recursos, al igual que la evasión propia de impuestos, empresas pueden gestionarse de manera individual. Según fuentes de información, el vender facturas se pena con 2 a 9 años de cárcel.
Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que se darán auditorias a quienes, principalmente, realicen las siguientes acciones:
*) Operaciones con factureras, o nomineras, que presentan pérdidas fiscales recurrentes.
*) Simulen ilegalmente deducciones u obtengan ingresos que no son declarados.
