En abril de 1827, Saltillo era una ciudad en transformación y en la cúspide de su poder político. Seis años atrás, en 1821, había declarado su independencia de España antes que muchas otras regiones del país, un acto de valentía que le había ganado prestigio en toda la nación.
Desde 1824, tras la creación del Estado de Coahuila y Texas, se había convertido en un centro político de enorme peso para todo el norte mexicano. Coahuila y Texas habían quedado conformados como estado, dos entidades muy distintas: una arraigada en el desierto y la otra, una región con cada vez más anglosajones. Saltillo conservaba su orgullo de antigua villa colonial que había visto pasar soldados realistas, insurgentes y ahora ciudadanos de una república que apenas comenzaba a tomar forma.
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Todo debía formalizarse, juramentarse, sellarse con tinta y solemnidad. Cada documento llevaba la marca de autenticidad y poder. Ningún papel merecía más respeto que la nueva Constitución Política del Estado de Coahuila y Texas.
EL DOCUMENTO QUE CAMBIARÍA TODO
