Luego de la detención de Armando Castilla, director de VANGUARDIA, derivada de un caso que fue desestimado por falta de sustento y ocurrida el pasado 9 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, diputados locales de Coahuila advirtieron que el caso exhibe fallas en el sistema de justicia, vulneraciones al debido proceso y riesgos tanto para los derechos humanos como para la libertad de prensa.
Armando Castilla Galindo fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Nuevo León en un operativo en el que participaron más de 30 agentes, derivado de una presunta acusación de fraude inmobiliario por 700 mil pesos. Un día después fue liberado, luego de que un juez acreditara que en la fecha en que supuestamente habría recibido el dinero, no se encontraba en el país. La defensa argumentó que la acusación se sustentó únicamente en supuestos testimonios sobre un acuerdo verbal, sin contrato ni comprobantes, situación que diversos abogados han señalado como una práctica recurrente en ese estado.
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Ante los hechos, la diputada local del PRD, Beatriz Fraustro, señaló que el caso debe analizarse desde la obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos y el debido proceso. Indicó que cualquier actuación legal tiene que estar sustentada en elementos sólidos y que las instituciones deben garantizar que sus procedimientos se apeguen a la legalidad, en especial cuando se trata de decisiones que afectan la libertad de una persona.
“El respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la garantía de que cualquier actuación legal debe estar sustentada en elementos sólidos, es una obligación que se debe garantizar por parte de las autoridades”, mencionó.
