Tras ser calificada como una detención arbitraria, Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA, recuperó su libertad el pasado fin de semana al no encontrarse elementos suficientes para procesar la denuncia penal en su contra.
El caso, originado por una controversia mercantil en Saltillo, provocó la reacción de diversos sectores sociales que identifican el proceso como un atentado contra la libertad de expresión y un acto de intimidación política.
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Héctor Horacio Dávila, empresario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila, calificó el procedimiento como irregular. “Yo diría que es exceso de fuerza jurídica ya que nunca fue notificado”, señaló el entrevistado.
Para el líder empresarial, la falta de protocolos legales claros genera desconfianza en el sector productivo. “Eso a todos los empresarios nos da duda de que exista la certidumbre jurídica”, enfatizó Dávila sobre el impacto del caso.
