TORREÓN, COAH.- La reciente detención de Armando Castilla Galindo, director general del Diario VANGUARDIA, evidenció presuntas prácticas de arbitrariedad y tráfico de influencias al interior de la Fiscalía de Nuevo León, denunció el diputado federal panista Guillermo Anaya Llamas.
El legislador sostuvo que el caso no es un hecho aislado, sino parte de un “modus operandi” que, dijo, se ha repetido en el vecino estado, donde personas son detenidas con señalamientos falsos y pruebas endebles, quedando en estado de indefensión y con violaciones claras a sus derechos humanos.
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Anaya Llamas señaló que, afortunadamente, un juez determinó improcedentes las pruebas presentadas contra Castilla Galindo, al calificarlas como superficiales y sin sustento legal, lo que permitió su liberación.
“Lo verdaderamente grave es que se utilicen supuestos testimonios como datos de prueba para privar de la libertad a cualquier ciudadano, y más aún cuando se trata de un empresario de medios”, subrayó el diputado, al considerar que se trata de un hecho preocupante contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
El legislador también criticó lo que calificó como un “sabadazo”, una práctica que —dijo— busca dificultar la reacción de las autoridades y el acceso inmediato a una defensa legal digna.
“Qué bueno que Armando pudo demostrar su inocencia, pero estos métodos no deberían existir en un estado de derecho”, concluyó Anaya.
SOLO FUE UN TRAGO AMARGO
Hay que recordar que Castilla Galindo fue detenido el 9 de enero en el Aeropuerto de Monterrey por una acusación de presunto fraude por 700 mil pesos, en un operativo desproporcionado con más de 30 agentes de la Fiscalía de Nuevo León y la Guardia Nacional.
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El director general del diario, sin embargo, fue liberado al día siguiente cuando un juez confirmó que en la fecha en que supuestamente recibió el dinero ni siquiera se encontraba en el país.
La defensa acreditó además que la Fiscalía validó sin revisar una denuncia sustentada solo en testimonios de un supuesto acuerdo verbal, sin contrato, recibos ni identificación de la presunta víctima, lo que abogados locales señalan como un modus operandi de despachos en colusión con autoridades.
