NUEVA YORK- A medida que el gobierno del presidente Donald Trump intensifica las redadas migratorias en todo Estados Unidos, una ola de arrestos de gran repercusión, muchos de ellos en hogares y negocios privados, y captados en video, ha puesto una pregunta jurídica en el centro del debate nacional: ¿Cuándo pueden los agentes federales de inmigración entrar legalmente en una propiedad privada para realizar un arresto?
Esa pregunta ha cobrado nueva urgencia en ciudades como Minneapolis, donde miles de agentes federales operan en las calles en medio de protestas, enfrentamientos y un tiroteo que resultó fatal, agudizando el escrutinio sobre la autoridad legal en que se basan los agentes de inmigración cuando llegan a la puerta del lugar en el que desean efectuar arrestos.
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En el centro del debate está una distinción jurídica en gran medida desconocida para el público, pero central para la aplicación de las leyes de inmigración.
La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo bajo órdenes administrativas, las cuales son documentos internos emitidos por las autoridades de inmigración que autorizan el arresto de un individuo específico, pero no le permiten a los agentes entrar por la fuerza en hogares u otros espacios no públicos sin el consentimiento de las personas en el interior. Sólo las órdenes judiciales firmadas por jueces conllevan esa autoridad. Los expertos jurídicos dicen que el enérgico impulso del gobierno para controlar la inmigración ilegal, combinado con la conciencia del público sobre esos límites, está convirtiendo cada vez más los momentos de las detenciones en puntos de conflicto, azuzando enfrentamientos que ahora se desarrollan en ciudades de todo el país.
Esto es lo que conviene saber sobre las limitaciones de las órdenes que autorizan la mayoría de los arrestos relacionados con la inmigración.
LAS ÓRDENES DE DTENCIÓN MIGRATOIA NO SUELEN AUTORIZAR LA ENTRADA A PROPIEDAD PRIVADA
Todas las operaciones policiales, incluidas las realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), están regidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a todas las personas en el país de registros e incautaciones irrazonables. Eso significa que se requiere que las fuerzas migratorias cuenten con una orden antes de registrar la propiedad privada de alguien o arrestarlo, independientemente de su estatus migratorio.
