CDMX.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México para personas mayores de 18 años, mediante reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
La propuesta fue presentada por la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez y plantea que la práctica de la muerte asistida no constituya delito ni genere responsabilidad civil por daños y perjuicios, siempre que se realice bajo el amparo de la ley y conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud.
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De acuerdo con el documento, la muerte asistida solo podrá aplicarse a solicitud expresa y por escrito de la persona interesada. La petición deberá notificarse a un Comité de Bioética, que evaluará la aptitud del solicitante y la procedencia del procedimiento.
La iniciativa establece que la Secretaría de Salud será la encargada de emitir la normatividad correspondiente, incluyendo requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión previos a la aprobación y ejecución de la muerte asistida.
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Asimismo, precisa que el personal médico que practique estos procedimientos deberá contar con autorización sanitaria y podrá negarse a realizarlos en cualquier momento. En esos casos, la institución de salud deberá asignar a otro médico que no sea objetor de conciencia.
El proyecto define la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, mediante procedimientos de eutanasia o suicidio asistido, ambos sujetos a la aprobación de la autoridad competente.
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También propone la creación del Título Octavo Bis en la Ley General de Salud, denominado “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal y de la Muerte Asistida”, con el objetivo de salvaguardar la dignidad de las personas y garantizar que los procedimientos se realicen bajo protocolos oficiales y en condiciones dignas.
La iniciativa, turnada a las comisiones de Salud y de Justicia, reconoce que en México actualmente se prohíben la eutanasia y el suicidio asistido; no obstante, cita datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, que revelan que 68.6% de los encuestados considera que las personas en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su muerte.
El documento también hace referencia a experiencias internacionales y sostiene que legislar en la materia permitiría reconocer derechos como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía en la toma de decisiones, en casos de enfermedades o padecimientos sin posibilidad de mejoría. Con información de El Universal
