El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados votó en contra del dictamen de la nueva Ley General de Aguas al considerar que Morena impulsó una propuesta “inconstitucional”, excluyente y que perjudica a productores y comunidades originarias, expuso el legislador Rubén Moreira Valdez.
El coordinador priista subrayó que la discusión de la Ley de Aguas exigía “responsabilidad, inclusión y estricto apego a los mandatos constitucionales y judiciales”.
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Señaló que el dictamen mantiene en el artículo 22 una disposición que impide que los derechos amparados en concesiones y asignaciones puedan ser transmitidos, lo que calificó como una muestra más de que Morena “traiciona, miente y destruye”.
Moreira sostuvo que la propuesta carece de consulta a pueblos originarios, centraliza el control del recurso y “castiga a los productores del campo”, además de denunciar que a estos últimos “Morena les negó ingresar al Pleno de la Cámara de Diputados para escuchar sus demandas”. Ante ello, presentó una moción suspensiva.
A nombre de su bancada, insistió en que suspender la discusión hubiera permitido “escuchar a quienes estuvieron afuera del Palacio de San Lázaro manifestándose, desahogar la consulta, puntualizar lo que decían o digan los pueblos originarios por cada uno de los artículos, escuchar a los productores y a las grandes organizaciones nacionales”.
El líder congresista también reconoció el trabajo de las y los diputados de su fracción por organizar ocho foros estatales donde participaron más de ocho mil productores, especialistas y ciudadanos, lo que permitió recoger preocupaciones reales sobre el impacto de la nueva legislación.
En ese sentido, Humberto Ambriz Delgadillo denunció que en la Comisión de Recursos Hidráulicos se realizaron “reuniones a puerta cerrada” en las que productores fueron excluidos, sin que se nombrara una comisión para escucharlos.
CUESTIONAN CAPACIDAD DE CONAGUA
Por su parte, el diputado Luis Gerardo Sánchez advirtió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reconocido “58 mil irregularidades en su propio padrón”. “El organismo no puede vigilar ni medir lo que no le alcanza, compañeros, con 350 inspectores para más de 550 mil concesiones no le alcanza para supervisar”, enfatizó.
