En escala del 1 al 10, el estado de Coahuila alcanzó apenas una calificación de 3.25 en materia de legislación en movilidad, de acuerdo con un extenso estudio dado a conocer por Céntrico, institución de investigación especializada en el tema.
En tal virtud, “se requiere un paquete integral de reformas legislativas para alcanzar el estándar mínimo”, estableció la institución en su “Evaluación de Leyes de Movilidad 2025, ranking de legislación estatal de movilidad en México”.
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De 57 indicadores establecidos por la organización, agrupados en 10 ejes temáticos, Coahuila reúne solo 3.25 puntos favorables, lo que plantea un elevado rezago legislativo, principalmente en las áreas de “diseño vial seguro y accesible”, “registros de información” y “regulación de factores de riesgo”.
El estado de Chihuahua obtiene la mayor puntuación (9.47), al presentar un marco legal “sobresaliente y consistente”. Sus áreas de mejora más claras se concentran en “conocimiento y pericia de conductores” (8.0), “transporte público” (8.6) y “mecanismos fiscales y financiamiento” (8.8).
El caso contrario es Morelos, con 1.75 puntos, rezagado extremo que también requiere un paquete integral de reformas para alcanzar el estándar mínimo. Sus áreas de oportunidad se concentran en “mecanismos fiscales y financiamiento” (0.0), “derechos de las víctimas” (0.0) y “diseño vial seguro y accesible” (0.6).
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Desde la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), Céntrico monitorea y publica en la web el proceso de armonizaciones estatales
Según refiere la publicación de 69 páginas, con cierre a julio de 2025, sólo 21 entidades reportan avances, muchas de forma parcial, mientras que 11 entidades aún siguen pendientes de formalizar reformas para armonizar su marco legislativo local, entre ellas, Coahuila.
“En síntesis, la LGMSV debe entenderse como referencia y piso común; las leyes estatales están llamadas a ir más allá, aprovechando el margen de innovación local para cerrar vacíos y fortalecer la garantía efectiva del derecho a la movilidad”, señala Céntrico.
La evaluación mide el grado de incorporación de los 57 componentes definidos en la Guía para Armonizar Leyes Estatales con la LGMSV, elaborada por la institución para la Coalición Movilidad Segura y congresos estatales, de junio de 2022.
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La Guía está estrechamente vinculada con el Código Abierto, que ofrece redacciones modelo basadas en evidencia para cumplir esos estándares.
Ambos instrumentos se alinean con el marco jurídico mexicano y con compromisos internacionales —en especial en movilidad segura y cambio climático—, de modo que la Evaluación refleje, tanto el mandato nacional como las mejores prácticas, para garantizar el derecho a la movilidad segura, accesible y sostenible.
Con base en la metodología de la referida guía, la evaluación examina únicamente el texto de las leyes estatales vigentes en las 32 entidades federativas —aprobadas por los congresos locales—, sin incluir reglamentos, lineamientos, ni planes o programas, y no mide la implementación ni presupuesto ejercido. La matriz de evaluación se basa, como se dijo, en los siguientes 10 ejes temáticos:
1. Regular y vigilar el tránsito seguro y los factores de riesgo vial; 2. Garantizar la participación social efectiva en programas y proyectos de movilidad; 3. Establecer mecanismos fiscales y de financiamiento e inversión pública, 4. Garantizar la capacidad, conocimiento y pericia de las y los conductores de vehículos; 5. Implementar el diseño vial seguro y accesible en todas las calles y carreteras;
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Asimismo: 6. Garantizar los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito; 7. Implementar registros de información en materia de movilidad y seguridad vial; 8. Promover la cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios de transporte público; 9. Reducir la demanda y compensar el costo del uso de los automóviles particulares; y, 10. Diseñar instrumentos de planeación integral de la movilidad y el territorio.
ACERCA DE CÉNTRICO
Fundado y codirigido desde 2016 por Xavier Treviño Theesz, Céntrico es un equipo de especialistas en planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable.
Formaliza un trabajo previo de 10 años en la promoción de la movilidad sustentable desde la sociedad civil, y da continuidad para enfocarse en la implementación de proyectos, adicional al enfoque de políticas públicas que se tenía.
