Un juez local en Puebla vinculó a proceso a Luis Enrique “N”, funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por los delitos de sustracción de menor, violencia vicaria y desaparición forzada de su hijo de un año y ocho meses. La determinación judicial se dio tras la denuncia presentada por su expareja, Angélica “L”, quien, de acuerdo con fuentes judiciales, tiene cerca de ocho meses sin ver al menor.
La información fue confirmada por fuentes del ámbito judicial y retomada por el medio Proceso, que detalló que la denuncia también incluye señalamientos por violencia familiar. Tras analizar los datos presentados por la Fiscalía, el juez Joel Daniel Baltazar Ávalos resolvió vincular a proceso al funcionario y ordenó el inicio inmediato de la búsqueda y presentación del niño.
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FUNCIONARIO DE LA SEP DEBERÁ PRESENTARSE A FIRMAR DE MANERA PERIÓDICA Y PAGAR FIANZA
Como parte de la resolución, el juzgador impuso diversas medidas cautelares a Luis Enrique “N”. Entre ellas se encuentran la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad judicial, el pago de una fianza por un monto de 80 mil pesos y la prohibición de salir del país.
Asimismo, se le prohibió convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas y con los testigos que participan en la investigación. El juez también ordenó que el imputado tome terapias psicológicas en la institución “Justicia Ciudadana”, como parte de las disposiciones dictadas durante el proceso penal.
El juzgador concedió un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades deberán recabar mayores elementos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
FUNCIONARIO HABRÍA SIDO DENUNCIADO ANTERIORMENTE POR VIOLENCIA FAMILIAR
El conflicto entre Luis Enrique “N” y Angélica “L” se remonta al año pasado, cuando ella presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género en Puebla por presunta violencia familiar y sustracción de menores. Desde entonces, el caso ha derivado en distintos procedimientos y señalamientos cruzados entre las partes.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, en julio de 2025 Angélica “L” llevaba al menos 10 días separada de su hijo, luego de que presuntamente le fuera sustraído de manera violenta del vehículo en el que viajaba. En ese contexto, se señala que Luis Enrique “N” ya había sido denunciado previamente por golpizas y abusos físicos, por lo que existiría una carpeta de investigación previa por violencia familiar.
DETIENEN A ABOGADO DE LA MADRE DE BEBÉ SUSTRAÍDO
En julio de 2025, Proceso informó sobre la detención de Raúl Andrade Osorio, abogado de Angélica “L”, quien fue acusado de presuntamente amenazar y lesionar a Luis Enrique “N”. Sin embargo, el litigante fue liberado 24 horas después, luego de que no se acreditaran las imputaciones y se determinara que durante su detención se violaron sus derechos humanos.
Según la información disponible, la detención del abogado ocurrió dentro de las instalaciones de la propia Fiscalía, a donde había acudido para recibir notificaciones relacionadas con la investigación contra el funcionario de la SEP. En ese momento, Luis Enrique “N” habría agredido a Angélica “L”, por lo que su abogado intervino para intentar evitar que fuera golpeada.
DENUNCIANTE SEÑALA ACCIONES INSTITUCIONALES FUERA DE LA LEY
Tras la denuncia por sustracción del menor, Angélica “L” recibió orientación de una jueza de oralidad para salvaguardar sus derechos, sin que, según abogados consultados, se ordenara de inmediato la presentación del niño, a pesar de que el padre habría violado un acuerdo de custodia.
Posteriormente, la Fiscalía de Puebla habría advertido a la madre que, de no retirar la denuncia, podrían retirar al menor a ambos padres y trasladarlo al sistema DIF. Ante esta situación, Angélica Luna realizó una manifestación la mañana del 25 de julio en instalaciones de la SEP.
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De acuerdo con los reportes, durante la protesta fue hostigada por agentes de la Fiscalía y autoridades educativas, quienes le indicaron que su manifestación sería notificada al gobernador Alejandro Armenta. En ese mismo contexto, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se negó a emitir una Alerta Amber y, a petición del presunto agresor, fue retirada la ficha de búsqueda del menor.
Pese a ello, se señala que el estatus legal del niño continúa siendo el de “desaparecido”, ya que uno de sus padres no tiene información sobre su paradero, situación que ahora deberá ser atendida en el marco del proceso judicial en curso.
