En las ironías de lo que ha tenido que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum para aplacar la furia del presidente Donald Trump, se encuentra el origen de uno de los golpes más importantes que ha hecho en su joven sexenio contra el huachicol, cuya dinámica, en este momento, no permite saber hasta dónde va a escarbar su corrupción: el aseguramiento de un barco con 10 millones de litros de diésel, que produjo la detención de 14 personas la semana pasada, sobresaliendo la captura de un vicealmirante, sobrino político del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda, que tenía fuertes relaciones con el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El aseguramiento de ese barco fue resultado de la presión que sentía la presidenta Sheinbaum por las amenazas arancelarias de Trump. El 26 de febrero había anunciado tarifas de 25 por ciento a las importaciones mexicanas, que entrarían en vigor el 2 de abril si para el 4 de marzo no había demostrado avances en materia de seguridad en la frontera. A los pocos días hubo una reunión del gabinete de seguridad para analizar qué podrían hacer para enviar la señal de que habían tomado nota de la advertencia, pero nadie tenía nada en la cocina, salvo el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, porque cuando llegó al cargo y comenzó a platicar con los almirantes, uno de ellos (cuyo nombre se reserva por cuestiones de seguridad) le platicó del huachicol fiscal en Altamira.
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El almirante fue convocado a Palacio Nacional para que explicara lo que había investigado, y describió las redes de marinos, funcionarios aduaneros y empresarios que operaban con pedimentos alterados para introducir combustibles a través del mecanismo que se conoce coloquialmente como huachicol fiscal, que se reveló en este espacio en marzo del año pasado. La Presidenta preguntó qué tan rápido podía hacer la operación para desmantelar esa red, y la respuesta fue que inmediatamente, si tenía los recursos para hacerlo. Sheinbaum se los dio y ordenó que partiera en ese momento. El aseguramiento fue el 19 de marzo y se anunció el 31.
Destaparon una Caja de Pandora. Lo primero que encontraron fue que no había sido uno, sino dos barcos que habían transportado combustible con pedimentos apócrifos, pero uno de ellos, mientras la operación estaba en marcha, zarpó y lo perdieron. Lo segundo fue un llamado de Washington con la petición urgente para que viajaran de inmediato sus contrapartes para hablar sobre el aseguramiento. Estaban preocupados porque, les dijeron, un empresario texano, que había sido donante de la campaña de Trump, estaba asociado con el barco –aunque no quiere decir necesariamente que conocía de las ilegalidades–, mientras que del lado mexicano se encontró que el cargamento llevaba, en una de sus líneas, a familiares del expresidente López Obrador –igualmente, sin que esto signifique automáticamente responsabilidad o culpabilidad–.
No obstante, las investigaciones continuaron en México así como fueron creciendo las presiones de Estados Unidos para combatir el robo de combustible. De ahí surgió la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, designado en enero pasado como comandante de la 10ª Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde el 2 de septiembre. Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobre quien existe una orden de aprehensión por el mismo caso, se encuentra prófugo. Los marinos son sobrinos políticos del almirante Ojeda, quien durante los primeros cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador capoteó las acusaciones de corrupción surgidas en la prensa contra ellos, que son hijos de su cuñada y que tenían una enorme ascendencia con la esposa del entonces secretario, lo que les permitió operar sin consecuencias.
Ayer, en una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hizo un enorme esfuerzo por deslindar al almirante Ojeda de lo que hicieron sus sobrinos políticos, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, lo secundó al recordar que hace dos años el secretario le pidió que investigara diversas irregularidades en la dependencia, permitiendo la especulación de que él había sido quien detonó la investigación de marzo.
La conversación con el fiscal se dio en el contexto de la decisión sobre la candidatura presidencial de Morena, en la cual había apostado por Marcelo Ebrard, con quien tiene una estrecha relación. Pero fue hasta principios de 2024, de acuerdo con personas que trataron con el almirante Ojeda, cuando comenzó a buscar amarrar los cabos sueltos, luego de que su caballo negro para la Presidencia no llegó a la candidatura, y empezó a desvincularse de sus sobrinos políticos. Fue demasiado tarde.
La operación que condujo a este golpe no comenzó hace dos años, sino hace seis meses, derivado de la exposición que hizo el almirante al secretario Morales, que había llamado a sus mandos operativos para conocerlos y escuchar sus diagnósticos. El almirante le expuso la investigación que había realizado de manera unilateral, porque nadie en la Secretaría le había hecho caso y mucho menos ayudado. En ese momento, el nuevo secretario de la Marina tampoco le hizo mucho caso.
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Al mismo tiempo, se venía dando una creciente presión del gobierno de Estados Unidos para que incrementaran el combate al robo de combustible, pero no fue sino hasta la urgencia de la Presidenta para entregar un resultado importante a Trump cuando surgió lo único armado como investigación que tenían a la mano, el caso del huachicol fiscal en Altamira. Fue un golpe de suerte en Palacio Nacional, porque si bien el puerto de Altamira tenía prendidas las alertas en México y Estados Unidos por el uso de los recursos del combustible robado en Tamaulipas para campañas político-electorales de Morena, no había una investigación a fondo sobre las redes de corrupción.
El aseguramiento provocó una fuerte reacción en la Marina porque la operación colocó los nombres de los involucrados en la mira de Estados Unidos. Una versión que circula dentro de la Secretaría es que varios oficiales discutieron asesinar a quienes habían descubierto sus operaciones en Altamira, como –de acuerdo con investigaciones paralelas– se presume que actuaron a finales del año pasado contra un contralmirante y una funcionaria de la Fiscalía General en Manzanillo.
