TORREÓN, COAH.- Organismos empresariales de La Laguna de Durango hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para frenar una red de extorsión institucionalizada que amenaza la estabilidad económica de la región.
El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), transportistas, asociaciones ganaderas, Canacintra y la Coparmex, entre otras organizaciones, firmaron un comunicado exigiendo la intervención del gobierno federal para terminar con estas prácticas de la delincuencia organizada en La Laguna duranguense y solicitan sanciones ejemplares en contra de funcionarios por negligencia y complicidad.
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Señalan que las extorsiones las están disfrazando de “cuotas sindicales”, aunque en realidad constituyen un “cobro de piso” sistemático y permanente y quienes se niegan a pagar enfrentan represalias, intimidaciones y hasta agresiones físicas.
Aseguran que la mayoría de los productores agropecuarios, empresarios, constructores, transportistas e integrantes de otros sectores económicos han sido víctimas de extorsionadores.
El presidente de la Federación Norte de Coparmex, Fernando Menéndez Cuéllar, advirtió que, aunque existe una estrategia estatal para combatir este delito, se requiere apoyo de Coparmex Nacional y coordinación con las autoridades federales para lograr resultados efectivos.
El dirigente empresarial explicó que el problema es grave en Gómez Palacio para los sectores agrícola y pecuario, pero en el estado de Durango existen solamente nueve denuncias interpuestas por extorsión, en tanto que los transportistas afirman no haber sido afectados.
“El problema es que muchos afectados no denuncian por temor a represalias o porque no confían en que se actúe de manera rápida”, señaló y dijo que esta situación afecta la competitividad y eleva los costos de producción y transporte.
Dentro de las extorsiones destacan cobros por tonelada de material de construcción transportado, cuotas por movilización de ganado, intimidaciones para apropiarse de obras públicas y privadas, pagos forzados a pequeños comerciantes y la venta ilegal de forrajes.
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A los agricultores les cobran hasta 20 mil pesos por hectárea sembrada, le imponen precios a la distribución de alfalfa y controlan ilegalmente los módulos de riego de manera sistemática, “no hay agua para quienes no paguen”.
Por lo anterior, exigen se abra una investigación sobre los presuntos vínculos entre estas prácticas y el crimen organizado y solicitan sanciones ejemplares contra funcionarios que hayan sido cómplices.
El documento fue firmado por: Canacintra Gómez Palacio, Canacintra Torreón, Coparmex, Asociación de Avicultores de La Laguna, Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG), Asociación Nacional de Distribuidores de Fertilizantes (ANDEFA), Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas (ANECA), Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Unión Nacional de Engordadores de Ganado (UNEG), Unión Ganadera Regional de La Laguna, Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Elac y otras organizaciones empresariales y productivas de la región.