La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010, marcó un parteaguas en el país: se visibilizó la tragedia, la violencia cotidiana que sufren cientos de miles de extranjeros durante su tránsito por México rumbo a Estados Unidos; también se cumplen 15 años de impunidad y de una “verdad oficial” endeble que no ha logrado la justicia para los sobrevivientes y sus familias.
Un informe de la Fundación para la Justicia expone que la masacre sucedió en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, en plena guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón, “con el hallazgo de 72 personas migrantes asesinadas al aire libre, en una bodega abandonada, lo que destapó el horror, hasta entonces silencioso, de migrar por México”.
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El caso forma parte de los eventos que revelaron la grave situación de violencia y desaparición que azotaron el país desde el inicio de la llamada guerra contra el narco.
Las 72 personas migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, fueron encontradas atadas y ejecutadas.
Los hechos fueron atribuidos por el gobierno al crimen organizado; sin embargo, aún permanecen muchas incógnitas respecto a las circunstancias de los hechos, del hallazgo, a los sobrevivientes y a la responsabilidad estatal. Hasta el momento, 63 víctimas fatales han sido identificadas —originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.
En su momento, fueron consignadas 15 personas por los hechos; no obstante, hasta el año 2021 se emitieron las dos primeras sentencias en contra de dos implicados por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para uno de ellos, y por delincuencia organizada y portación de arma de fuego para el otro.
Al respecto, Eduardo Rojas, coordinador de Estado de derecho de la Fundación para la Justicia, dijo a EL UNIVERSAL que —a 15 años de distancia de esta tragedia— persiste la impunidad porque sólo dos personas han sido sentenciadas, en lo que fue un acto de multihomicidio de migrantes que marcó un parteaguas en México y en el mundo, porque visibilizó la violencia contra extranjeros que cruzan por nuestro país.
Expuso que la Fundación para la Justicia acompañó la masacre de los 72 y el caso de las 48 fosas clandestinas de San Fernando (2011).
“Aunque hay algunas sentencias, la verdad completa no ha sido esclarecida”, mencionó.
Lo que ocurrió en San Fernando no fue un hecho aislado, fue consecuencia de una violencia sistemática contra personas migrantes.
En Tamaulipas han tenido lugar, por lo menos, cuatro de las masacres ocurridas en los últimos 15 años en México en contra de personas migrantes, sin que los casos se investiguen con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad, la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy.
Esta falta de investigación y acciones diligentes han permitido que sigan ocurriendo crímenes atroces como los de 72 de personas migrantes de San Fernando; el hallazgo de fosas clandestinas con los restos de 195 personas; el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León (2012); la masacre de Güemez (2014) y la de Camargo (2021).
”Sin embargo, a partir de la masacre de San Fernando, hace 15 años, hay nulos o muy pocos avances en la protección de los migrantes por parte del Estado”.
“De hecho no hay ninguna investigación por parte, en su momento, de la PGR, y ahora de la FGR, sobre los nexos de funcionarios que pudieron estar involucrados en este caso o de los intereses económicos, es decir, los dueños de las líneas de autobuses donde se trasladaban los migrantes”, apuntó.
El especialista agregó que, sumado a ello, en los últimos 15 años no ha habido una reestructuración del Instituto Nacional de Migración (INM) y, por el contrario, se ha militarizado, con denuncias de abusos incluso sexuales por parte de funcionarios y la Guardia Nacional; al menos 30% de sus más de 100 mil efectivos son usados con fines de contención de migrantes.
De acuerdo con el informe, en agosto de 2013 nació la Comisión Forense, un mecanismo híbrido (gubernamental y no gubernamental) creado por iniciativa de organizaciones civiles de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, ante graves fallas y violaciones a derechos humanos en la identificación y entrega de restos de víctimas de tres masacres de migrantes en el norte de México: San Fernando, Tamaulipas (2010 y 2011) y Cadereyta, Nuevo León (2012); 60 víctimas fueron identificadas y repatriadas previo a la Comisión Forense.
La Comisión Forense identificó tres cuerpos: en julio de 2014, víctima hondureña; abril de 2017, víctima hondureña; abril de 2018, víctima hondureña.
En octubre de 2010, las autoridades tenían identificados 50 cuerpos y se comenzaron los procesos de repatriación de los mismos, sin que se dieran mayores explicaciones a las familias de las víctimas ni documentación que sustentara las identificaciones establecidas.
Por otro lado, se les negó el derecho a ver dichos restos.Además de que los cuerpos no fueron tratados adecuadamente, no se llevaron a cabo las identificaciones conforme los estándares y protocolos en la materia.
En algunos casos no se realizó la identificación mediante tomas de muestras genéticas y en otros, con una sola toma.
Hasta el momento se han identificado 63 de las 72 víctimas fatales de los hechos, y quedan nueve personas por identificar (ocho hombres y una mujer).
EL DATO
Los 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, fueron encontradas atados y ejecutados.
