Todos los actores implicados en el sector de salud pública aceptan estar en un laberinto en el que aun las mejores intenciones chocan con sólidas murallas de corrupción, pugnas políticas, mediocre experiencia operativa y absoluta cerrazón a que los ciudadanos y las comunidades participen en la búsqueda de soluciones.
La crisis viene de lejos. En el arranque de su sexenio (2018-2024), Andrés Manuel López Obrador mostró desesperación durante una junta sectorial que confrontó a los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa; a la oficial mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro; al titular de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Seguro Social, Germán Martínez. “¡Pónganse de acuerdo!”, les urgió.
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Pronto aparecieron personajes y empresas proveedoras a las que se atribuyó cercanía con “Andy” y “Bobby”, hijos del exmandatario, quienes se beneficiaron de contratos de asignación directa por decenas de miles de millones de pesos. Los nombres siguen causando escozor: los hermanos tabasqueños Calderón Alipi, uno de los cuales, Alejandro, fue director del IMSS Bienestar pese a su nula experiencia administrativa; los Amílcar Olán; Daniel Asaf y sus reuniones con el director del IMSS, Zoé Robledo.
Otro tabasqueño-amigo, Juan Antonio Ferrer, conocedor de arqueología, fundó y dirigió el Insabi, que recibió lo que fue el Seguro Popular; esfumó su fondo de 44 mil millones de pesos, y se fue dejando adeudos a proveedores por otros 2 mil 400 millones de pesos. El Insabi y sus cuentas fueron sepultados; la deuda la asumió el IMSS Bienestar, a cargo hoy de Alejandro Svarch, a cuyas puertas mendiga pagos hoy la industria farmacéutica, lo mismo que ante Hacienda.
Tras la pesadilla de la pandemia, AMLO arrojó más dinero a esa olla de contradicciones: el gasto oficial en medicinas estuvo en 2023 arriba de 108 mil millones de pesos y en 2024 aumentó a 122 mil millones. Pero el desabasto persistió, y no ha dejado de estar presente. Ello, porque en el laberinto del sector salud las más grandes espinas las exhibe la cadena de compra-almacenamiento-distribución-entrega de medicamentos.
La entidad gubernamental con más experiencia en este campo fue el IMSS, pero la confianza de Palacio en Zoé Robledo se halla fracturada irremediablemente. Birmex fue lanzado al relevo, pero se descarriló en un esquema roto. Sus conductores, Carlos Ulloa y el subsecretario Eduardo Clark, fueron humillados en abril pasado al serles cancelada una licitación bianual por la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro –uno de los artífices del actual desastre–.
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En días recientes hubo nuevas señales desalentadoras al asignarse contratos multimillonarios de distribución de medicamentos a una alianza de empresas transportistas con un poderoso contratista de alimentos para cárceles que, durante el pasado sexenio, multiplicó sus líneas de negocio.
El pasado jueves 4, el gobierno de Sheinbaum presentó su Programa Sectorial de Salud 2024-2030, con objetivos novedosos. Pero es posible que si no se limpia la casa primero, se extraviarán en el mismo laberinto.
APUNTES: TERREMOTO MILITAR
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna se convirtió este fin de semana en el funcionario de más alto nivel arrestado durante el gobierno de Sheinbaum bajo cargos de corrupción en complicidad con empresarios ligados al tráfico de huachicol de combustible. Es un protegido –incluso sobrino político– de José Rafael Ojeda, secretario de Marina en la administración de López Obrador, e incluso fue promovido por su tutor como posible relevo.
El impacto de esta aprehensión fractura la visión impuesta en el pasado sexenio, según la cual los jerarcas militares y marinos garantizarían eficacia y honestidad en el manejo de la ahora llamada Administración del Sistema Portuario Nacional, lo mismo que en las aduanas, terrestres y marinas. Lo que su participación sí ha provocado es que en las fuerzas armadas tengan incómoda convivencia dos castas: la de los jefes con acceso a negocios y la de los ajenos a esta fiesta.
