Un juez federal del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto “F”, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, junto con otras nueve personas, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos.
La audiencia, que se prolongó por más de 18 horas entre el lunes y la madrugada del martes, concluyó con la determinación judicial de imponer prisión preventiva justificada a los señalados y fijar un plazo de seis meses de investigación complementaria.
TE PUEDE INTERESAR: Red de huahicol fiscal alcanza a hijo de Durazo; destapa Loret de Mola vínculo con marino huachicolero prófugo
RED DE HUACHICOLEO: MÁS DE 32 BUQUES CARGADOS DE DIÉSEL FUERON REGISTRADOS FALSAMENTE
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el caso involucra el arribo a México de más de 32 buques cargados con diésel, registrados falsamente como aditivos, lo que habría evitado el pago de impuestos y ocasionado un daño económico significativo al país.
Los señalamientos apuntan a que la estructura operaba con capacidad financiera y logística de gran alcance, facilitada presuntamente por la participación de servidores públicos y elementos activos e inactivos de las Fuerzas Armadas.
SOBRINO DE OJEDA DURAN HABRÍA TENIDO UN PAPEL IMPORTANTE DENTRO DE RED DE HUACHICOLEO
El juez estableció que el vicealmirante Manuel Roberto “F” habría tenido funciones de dirección dentro de la red, autorizando perfiles de integrantes y coordinando acciones en distintas aduanas del país.
Otros acusados, identificados como Climaco “N” y Humberto “N”, también fueron señalados como responsables de tareas de mando y de facilitar operaciones mediante movimientos de personal en puntos estratégicos.
TESTIMONIOS Y PRUEBAS PRESENTADAS
La acusación presentada por la FGR incluye declaraciones de un testigo protegido identificado como “Santo”, así como de personas referidas con las siglas JH y HRV, quienes detallaron el funcionamiento de la red de contrabando.
Según estos testimonios, entre 2024 y 2025 ingresaron al país más de 32 barcos con diésel, que se hicieron pasar por aditivos. Los envíos habrían impactado puertos y operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México.
La investigación también involucra a empresarios y personas jurídicas, acusados de encubrir movimientos financieros y transferencias de fondos producto de las operaciones de contrabando.
AUTORIDADES FEDERALES EJECUTAN ÓRDENES DE APRENSIÓN CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
El Registro Nacional de Detenciones documentó que el vicealmirante fue aprehendido el pasado 2 de septiembre, vestido con pantalón azul marino, camisa a rayas blancas y azules, zapatos color café, y que mide 1.85 metros de estatura.
Junto con él fueron detenidos otros integrantes de la Marina y presuntos cómplices identificados como Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”, quienes también quedaron sujetos a prisión preventiva.
Los abogados defensores de Manuel Roberto “F” argumentaron durante la audiencia que no existían elementos suficientes para acreditar la pertenencia de los acusados a una organización criminal.
TE PUEDE INTERESAR: Vicealmirante pagaba a marinos 1.7 mdp por cada buque de huachicol
¿QUIÉN ES EL VICEALMIRANTE MANUEL ROBERTO?
El hoy detenido es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar y se desempeñó como comandante de la Duodécima Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, cargo que ocupó en 2024 y dejó a inicios de 2025. También fue subjefe de servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales.
El caso tomó fuerza tras el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. Guerrero, considerado testigo clave, dejó un manuscrito con información relevante sobre presunta colusión entre servidores públicos y traficantes de hidrocarburos.
El juez federal reclasificó el ilícito para imputar delincuencia organizada con fines de delitos vinculados a hidrocarburos y estableció un plazo de seis meses para que la FGR concluya la investigación. Durante este tiempo, los diez imputados permanecerán en prisión preventiva.