Un tribunal federal ordenó a una juez resolver si debe regresar a la cárcel Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR, quien es procesada en libertad provisional por presuntamente desviar la investigación del caso Ayotzinapa.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal determinó que el fallo que el año pasado le permitió a Bernal salir de prisión con brazalete electrónico, fue dictado en una audiencia en la que no se sometió a debate la concesión de ese beneficio.
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Por tal motivo, instruyó a Alejandra Domínguez Santos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, convocar a una nueva audiencia y abrir el debate entre las partes, para luego decidir si la ex fiscal continúa en libertad o regresa al Penal Femenil de Santa Martha, donde estuvo internada 3 años con 10 meses.
“(La juez) no sometió a debate la decisión respecto a las medidas cautelares por las que sustituyó la prisión preventiva a la que se encontraba sujeta la imputada (…) Les correspondía a las partes exponer cuáles son las medidas que consideraban idóneas para atender esos riesgos y sólo con base en los argumentos expuestos o la justificación que el Ministerio Público realizara, la Jueza debió decidir qué medidas impone”, se lee en el fallo.
“Al no haber actuado de esa manera es que se considera que la decisión impugnada es violatoria del debido proceso, por lo que lo procedente es modificar la determinación recurrida y ordenar la reposición parcial del procedimiento”.
La sentencia precisa que la nueva audiencia deberá iniciar a partir de la declaración del cese de la prisión preventiva, y luego la juez abrirá el debate entre la FGR y la defensa, para finalmente resolver si la ex funcionaria continúa o no en libertad provisional.
No obstante, la ex fiscal puede presentar un amparo contra esta resolución del tribunal, lo que implicaría que la citada diligencia no se lleve a cabo en el corto plazo.
Este proceso penal contra Bernal ya concluyó e incluso la Fiscalía ya presentó su acusación por escrito en la que pidió imponerle una condena de 60 años de prisión. La acusada está próxima a ser llevada a juicio.
La FGR la acusa de contribuir con la llamada “verdad histórica”, manipulando la indagatoria para cesar otras líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, lo que significó un ocultamiento del paradero de las víctimas frente a sus familiares.
También, de las torturas a Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Darío Morales Sánchez “El Comisario”, Jonathan Osorio Cortés, Patricio Reyes Landa “El Pato” y Agustín García Reyes “El Chereje”, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
El 4 de septiembre de 2020 la FGR detuvo a Bernal en Hermosillo, Sonora con base en una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, contra la administración de la justicia y falsificación de documentos agravado.
La ex fiscal fue internada en el Penal de Santa Martha Acatitla, donde permaneció hasta el 2 de julio de 2024, cuando la juez Domínguez Santos le concedió la libertad bajo cuatro condiciones.
Esas disposiciones son el uso de geolocalizador electrónico, la firma mensual en la Unidad de Medidas Cautelares y las prohibiciones de salir de la Ciudad de México y de convivir con las víctimas de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La FGR apeló esa decisión y ahora el tribunal de apelación ha ordenado reponer esa audiencia.