CDMX.- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó a su audiencia en el Reclusorio Oriente, en la que le imputarían los delitos de peculado y asociación delictuosa.
El exmandatario estatal es señalado por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Policía Federal en municipios de la entidad.
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La audiencia estaba programada para las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, encabezada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava.
A la audiencia acudió solo su defensa, el abogado Ángel Echegaray y la representación de la Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Auditoría Superior de la Federación (ASF), Contraloría de Michoacán y Fiscalía General de Justicia de Michoacán.
La jueza de control cuestionó a la defensa de la de Aureoles por la ausencia de su cliente, a lo que el abogado respondió: “desconozco el motivo por qué no se haya presentado mi representante”.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca la imputación de los delitos por el supuesto desvío de 3 mil 412 millones 164 mil pesos en la construcción de siete cuarteles durante su mandato.
El exmandatario ha solicitado al menos tres amparos para evitar su detención por la Fiscalía General de la República y apenas el lunes pasado una suspensión con la que se frena su detención por otra causa.
La FGR atribuye al mandatario el quebranto por mil 52 millones 222 mil 490 noventa pesos.
Además, de acuerdo con las investigaciones, está evidenciado que el exmandatario estatal tiene personal a su cargo al cuidado de sus propiedades y que éstos se encuentran armados.
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Respecto a este caso, desde febrero pasado, están presos cuatro de sus excolaboradores: los exsecretarios de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC.
Los exfuncionarios de su administración enfrentan la acusación por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.