El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad dos reformas al Código Municipal del Estado, impulsadas por el diputado Gerardo Aguado, con el objetivo de fortalecer la justicia cívica en los municipios. Las modificaciones establecen la obligación de crear juzgados especializados en justicia cívica y permiten aplicar sanciones alternativas como el trabajo comunitario, en lugar de multas o arrestos administrativos.
Una de las reformas modifica el artículo 102 y el artículo 378 del Código Municipal, para establecer que cada municipio deberá contar con juzgados cívicos, de acuerdo con su densidad poblacional y necesidades sociales.
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Esta propuesta, presentada el 24 de septiembre de 2024, incluye también la creación de mecanismos alternos para la solución de controversias. El nuevo numeral 13 del artículo 102 especifica que los municipios tendrán la facultad de crear juzgados municipales y, en su caso, juzgados especializados en justicia cívica.
En el artículo 378 se precisa que la función de impartir justicia municipal incluye la observancia de la legislación local, la sanción de infracciones administrativas, la facilitación de medios alternativos de resolución de conflictos, así como la amonestación y reparación del daño cuando corresponda. Además, los ayuntamientos deberán establecer su reglamentación específica para el funcionamiento de estos juzgados.
El dictamen establece que todos los municipios deberán contar con, al menos, un juzgado encargado de la justicia cívica y en los de densidad media y alta, se requerirán varios, lo que permitirá dar cumplimiento al Modelo Homologado de Justicia Cívica aprobado en 2017 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual busca mejorar la convivencia y prevenir conflictos que puedan escalar a delitos.
La Comisión dictaminadora destacó que la reforma no se limita a la creación de órganos jurisdiccionales, sino que promueve un sistema integral de justicia municipal. Este sistema incluirá audiencias públicas, participación ciudadana, enfoque de proximidad en la actuación policial, coordinación con instituciones públicas y privadas, así como sanciones orientadas a mejorar la convivencia social. También se subraya que este modelo garantiza el acceso a una justicia pronta y cercana, descongestiona a los tribunales estatales y fomenta la cultura de la legalidad.
La segunda reforma, presentada el 8 de octubre de 2024, modifica la fracción II del artículo 180 del mismo código. En ella se establece que los Bandos de Policía y Gobierno deberán contemplar mecanismos alternos de solución de controversias y permitir la sustitución de sanciones económicas y arrestos administrativos por trabajo a favor de la comunidad u otras medidas, siempre que se cumplan las condiciones legales y reglamentarias.
Según lo expuesto por el diputado Aguado en la propuesta, este tipo de medidas permiten resolver conflictos administrativos de forma más eficiente y con menor uso de recursos públicos, al tiempo que promueven la responsabilidad social y evitan afectaciones desproporcionadas a personas que no pueden pagar una multa.
La comisión legislativa consideró que estas modificaciones son coherentes con modelos de justicia cívica ya aplicados en otras entidades, como la Ciudad de México.
En su dictamen, sostuvo que esta reforma representa un avance hacia un modelo más humano y equitativo, en el que el municipio se posiciona como actor clave en la prevención de conflictos y en la construcción de comunidades más justas.