MONCLOVA, COAH.- La renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación de Morena en el Senado no representa una salida digna del servicio público, afirmó el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, quien consideró que el hecho se inscribe en un problema mayor relacionado con la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras políticas del país.
El funcionario estatal señaló que la dimisión del legislador ocurre en medio de señalamientos que han generado polémica a nivel nacional, particularmente por versiones que vinculan a un exfuncionario de seguridad en Tabasco con actividades delictivas, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre decisiones tomadas en administraciones pasadas.
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“No es una salida decorosa; es lamentable que se den personajes como él, quien mantiene una conexión directa con decisiones que hoy están bajo cuestionamiento”, expresó Sisbeles Alvarado.
Indicó que el caso ha detonado un amplio debate político y social, en el que también se han señalado presiones externas en materia de combate al crimen organizado, lo que —dijo— ha obligado a reforzar el discurso y las acciones en torno a la legalidad dentro del servicio público.
El subsecretario advirtió que esta situación evidencia prácticas que afectan la estabilidad institucional del país, al reflejar riesgos latentes en distintos niveles de poder.
“No es una salida decorosa, sino todo lo contrario; es un extremo de estos narcopolíticos que están operando libremente al interior de los poderes en los que se divide nuestra soberanía nacional”, puntualizó.
Añadió que el tema ha generado fuertes reacciones en redes sociales y espacios de análisis político, donde sectores ciudadanos han exigido investigaciones formales y sanciones en caso de comprobarse irregularidades, mientras que otros han llamado a respetar el debido proceso y evitar juicios anticipados.
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Sisbeles insistió en que cualquier señalamiento contra servidores públicos debe investigarse conforme a la ley, subrayando que la sociedad demanda instituciones firmes, procesos transparentes y el deslinde claro de responsabilidades.
Finalmente, sostuvo que el país atraviesa un momento clave en materia de confianza institucional, por lo que consideró indispensable que las autoridades competentes actúen con imparcialidad para garantizar justicia y fortalecer el Estado de Derecho.