El 21 de marzo de 2019, los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional firmaron una carta en la que solicitaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que interviniera para que los Órganos Internos de Control (OIC) de las Fuerzas Armadas no fueran ocupados por mandos civiles y se mantuvieran bajo control militar.
El documento señala: Para la fina atención del Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del país.
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Rafael Ojeda Durán, entonces titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), y Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pidieron juntos la intervención presidencial para que estas estructuras no fueran transferidas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que entonces dirigía Irma Eréndira Sandoval.
”Ante esta circunstancia y en nuestra condición de titulares de estas Dependencias del Ejecutivo Federal, nos permitimos solicitar a usted autorice que el personal militar y naval que presta sus servicios en apoyo al Órgano Interno de Control, así como los recursos materiales y presupuestarios, no sean transferidos a la Secretaría de la Función Pública y continúen bajo el esquema actualmente implementado”, se expone en el documento que pudo consultarse a través de la megafiltración conocida como Guacamaya Leaks, “lo anterior, aplicándolo como una excepción”.
Según el gobierno mexicano, los OIC son los encargados de vigilar el correcto uso de los recursos públicos y el apego a la legalidad de los servidores públicos.
Dentro de sus facultades están las de conocer, investigar y, en su caso, sancionar cualquier acto u omisión que incumpla la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EL UNIVERSAL publicó el martes pasado que en 37 auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de la Marina, de 2023 a 2025, no se reportaron observaciones ni sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves.
Eso, pese a que Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que el anterior secretario de Marina denunció problemas por presuntos actos de corrupción y de las recientes acusaciones federales por huachicol fiscal en contra de altos mandos navales, incluidos dos de sus sobrinos políticos.
En la misiva firmada por los recién llegados titulares de las Fuerzas Armadas se expuso que Irma Eréndira Sandoval había pedido transferir los recursos humanos, materiales y financieros de los OIC de todas las dependencias de la administración pública federal a la SFP, iniciativa que ambos secretarios calificaron de “inviable” por tratarse de personal sujeto a leyes y reglamentos militares y navales, lo que según ellos afectaría sus carreras y su desarrollo profesional.
Tres días después de recibir la misiva, el 24 de marzo, López Obrador dirigió un oficio a Irma Eréndira Sandoval instruyendo que “debe respetarse la autonomía sobre el manejo de los Órganos Internos de Control [de la Semar y Sedena, así como de sus recursos materiales y presupuestarios].
”Además, considero que los titulares de dichas dependencias son servidores públicos de inobjetable honestidad, y sabrán cuidar el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo”, escribió el entonces Mandatario federal a Irma Eréndira.
En 2019, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Sandoval Ballesteros, emprendió una reestructuración de los OIC para reforzar su presencia y vigilancia en la administración pública con el fin de combatir la corrupción, según un comunicado oficial a finales de ese año.
”Entre las medidas más relevantes, la Función Pública inició la transferencia de los OIC a su ámbito de operación, que antes dependían de las instituciones a las que auditaban y con las cuales se suscitaban conflictos de interés entre auditor y auditado”, explicó.
Hasta el inicio de la administración de López Obrador, los titulares de los Órganos Internos de Control eran propuestos por los secretarios o directores generales de las dependencias y entidades a controlar, lo que según la SFP generaba “actos de simulación para proteger a los altos funcionarios” y los llevaba a incumplir su tarea de prevenir, detectar y abatir la corrupción.
”El Presidente de la República giró instrucciones para que el personal de los OIC que antes dependía presupuestalmente de las dependencias donde operaba, fuera transferido a la Función Pública para garantizar su independencia”, se presumía en el primer informe de labores de la SFP.
En el caso de la Sedena y la Semar, los órganos no fueron transferidos a la SFP y actualmente son los secretarios de ambas dependencias quienes proponen a los titulares de sus Órganos Internos de Control.
Datos
* 37 auditorías realizadas por el OIC de la Marina, de 2023 a 2025.
* 0 observaciones ni reportaron sanciones a servidores públicos.