El fenómeno del “huachicol” –o robo de combustible– constituye una conducta en torno a la cual el Gobierno de la República ha desplegado una campaña muy eficaz de “denuncia” durante los últimos años, pero poco ha sabido –o podido, o querido– hacer para combatirla con eficacia.
Y es que, desde el sexenio pasado, lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo fue utilizar el fenómeno como un instrumento político para golpear a sus adversarios, señalándolos como responsables de lo que ocurría. La hipótesis que se vendió a partir del despliegue mediático fue que el problema derivaba de la proclividad a la corrupción de quienes detentaron el poder público en el pasado.
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En consecuencia, el sólo hecho de que hubiera arribado a Palacio Nacional una fuerza política “comprometida” con la honestidad y declarada “enemiga” de la corrupción, bastaría para dar vuelta a la página y poner fin a prácticas de este tipo.
Casi siete años después ha quedado absolutamente claro que la hipótesis no era cierta y que, en todo caso, el Gobierno de la República fue absolutamente ineficaz en la tarea de combatir la corrupción que, sin duda, se ubica detrás de la denunciada conducta.
Y es que, como lo consignamos en el reporte que se incluye en esta edición, la estadística se empeña tercamente en seguir mostrando que, pese al discurso oficial, quienes han decidido hacer del robo de combustible una “empresa personal” mantienen su actividad sin pausa… al menos en Coahuila.
De acuerdo con los datos divulgados por Petróleos Mexicanos (Pemex), en los primeros cuatro meses de este año se detectaron 130 tomas clandestinas en diferentes municipios de nuestra entidad. Y como viene siendo costumbre desde hace ya buen tiempo, el municipio “campeón” en este rubro es Parras de la Fuente.
En efecto, entre enero y abril pasados se detectaron en aquella demarcación 64 tomas clandestinas, es decir, casi la mitad de todas las localizadas en el territorio estatal. El otro dato relevante, por cierto, es que Parras ocupa uno de los primeros lugares en este rubro a nivel nacional.
¿Por qué, después de siete años de “combate” a esta conducta, de haberla convertido en delito grave y de contar con “funcionarios honestos” en el Gobierno de la República, el fenómeno persiste? Peor aún: ¿por qué no disminuye su incidencia?
No hace falta ser demasiado perspicaz para arribar a una conclusión plausible: si un delito continuamente “condenado” y en contra del cual se ha desplegado una “ofensiva particular”, mantiene sus índices de incidencia, ello sólo puede ocurrir porque se desarrolla en un entorno de impunidad.
Y tal circunstancia sólo puede atribuirse a una causa: las instituciones del Estado no están siendo eficaces en su combate, ya por incompetencia de quienes las encabezan, ya por complicidad, es decir, porque la corrupción, que tantas veces se ha dicho que “no se tolera”, e incluso que ya se erradicó, sigue gozando de cabal salud.