El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, obtuvo una nueva prórroga de 90 días para preparar su apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que se le dictó en octubre de 2024 por delitos vinculados con el narcotráfico.
La resolución, firmada por la jueza Alison Nathan de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, extiende el plazo hasta el 18 de diciembre de 2025.
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De acuerdo con los registros judiciales, el tribunal instruyó al Buró Federal de Prisiones (BOP) a garantizar que García Luna pueda mantener comunicación regular con sus abogados, César de Castro y Valerie Gotlib, mediante llamadas legales programadas y visitas presenciales.
QUEJAS POR INCOMUNICACIÓN Y MALOS TRATOS
La decisión judicial no solo responde a la solicitud de ampliar el tiempo de apelación, sino también a las denuncias sobre las condiciones en que García Luna ha estado preso.
La defensa informó que en los últimos ocho meses apenas pudieron hablar una vez con su cliente, lo que hacía prácticamente imposible coordinar la estrategia legal. También señalaron que el exfuncionario no tuvo acceso a documentos esenciales del proceso, transcripciones del juicio ni materiales legales.
En escritos previos, se expusieron casos de malos tratos durante su estancia en una prisión de Virginia:
• Se le negó el acceso a cubiertos para comer.
• Se le prohibió bañarse o rasurarse durante meses.
• Se le confinó en una unidad destinada a prisioneros con faltas disciplinarias, aunque nunca recibió sanciones.
• Solo contaba con un par de ropa interior y perdió aproximadamente 14 kilos (32 libras) por falta de condiciones adecuadas.
Actualmente, García Luna se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde según sus abogados ya no se han registrado abusos físicos, aunque la incomunicación persiste.
EL PROCESO LEGAL DE GARCÍA LUNA
Esta es la tercera vez que la corte concede un plazo adicional a García Luna para presentar su apelación. Sin embargo, es la primera ocasión en que el tribunal ordena explícitamente al sistema penitenciario estadounidense mejorar sus condiciones de contacto con la defensa.
El exsecretario de Seguridad Pública, considerado uno de los hombres más influyentes del sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable en Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa, recibir sobornos millonarios y facilitar sus operaciones mientras ocupaba un alto cargo en el gobierno mexicano.
La sentencia de 38 años en su contra marcó un precedente histórico, convirtiéndolo en el funcionario mexicano de más alto rango condenado en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico.
CONTEXTO: INFLUENCIA Y POLÉMICA
El caso de García Luna sigue teniendo eco político y mediático tanto en México como en Estados Unidos. Su figura genera debate sobre la colusión entre instituciones de seguridad y el crimen organizado, un tema que ha sido señalado por diversos analistas como una de las principales razones de la crisis de violencia en el país.
De ser favorable, una apelación podría reducir su condena o reabrir aspectos del juicio, aunque expertos consideran poco probable una exoneración completa debido al peso de los testimonios presentados por exintegrantes del crimen organizado.
DATOS CURIOSOS DEL CASO GARCÍA LUNA
• García Luna fue arrestado en Dallas, Texas, en diciembre de 2019.
• Durante el juicio, varios testigos protegidos afirmaron que recibía sobornos en maletas llenas de dinero.
• Fue el principal arquitecto de la llamada “guerra contra el narco” en México, iniciada en 2006.
• Pese a las acusaciones, García Luna siempre ha declarado ser inocente y asegura que es víctima de persecución política.
La prisión de Florence, donde está recluido, es conocida como la “Alcatraz de las Rocosas”, por su nivel de seguridad y las condiciones de aislamiento extremo de sus internos.
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La prórroga otorgada a García Luna abre una nueva ventana para que su defensa organice una estrategia sólida, en medio de denuncias por violaciones a sus derechos en prisión. El 18 de diciembre de 2025 será una fecha clave, pues marcará el límite para que presente su apelación formal.
Mientras tanto, el caso sigue siendo un referente de la relación entre poder político, justicia internacional y narcotráfico, un tema que continuará generando atención mediática en México y Estados Unidos.
