WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos acordó pagar 4.76 millones de dólares a El Salvador a cambio de recibir a más de 200 migrantes deportados.
Lo anterior, según documentos judiciales, que detallan exigencias de que estos fondos no sean usados en asesoría legal a solicitantes de asilo a EU, entre otras condiciones.
Los detalles del pacto eran desconocidos hasta ahora, y fueron desvelados como parte de las evidencias en una demanda liderada por el grupo de derechos civiles Democracy Forward contra este acuerdo, firmado entre las administraciones de los presidentes de EU, Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele.
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En el documento se formaliza la concesión de 4.76 millones de dólares destinados exclusivamente al apoyo penitenciario y logístico para la detención de estos migrantes, en su mayoría venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
En este acuerdo también se estipula la prohibición de estos fondos para uso en asesoría legal a migrantes que soliciten asilo o referirlos a abogados en EU
Por otro lado restringe el apoyo a UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina, o actividades relacionadas con servicios de salud reproductiva.
Cabe destacar que el acuerdo no crea obligaciones bajo derecho internacional, por lo que cualquier diferencia será resuelta solo mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.
“La correspondencia entre el Departamento de Estado de EU y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de forma significativa que las personas desaparecidas de EU a la infame prisión salvadoreña CECOT estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos”, dijo la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman.
Insistió en que “no obstante, el acuerdo sí se esforzó por garantizar que los fondos que EU proporcionó a El Salvador no se utilizaran para brindar atención de salud reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”.
Fue en el mes de marzo pasado que el Gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía y los trasladaron a la megacárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
