La tarde de este jueves, una escuela técnica de enfermería que operaba sin autorización de las autoridades educativas y que presuntamente defraudó a estudiantes fue cateada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en Saltillo. El inmueble se encuentra sobre la calle de Urdiñola, entre Jesús Nuncio y Magnolia, en la colonia González Cepeda, y era conocido como Instituto de Asistencia Médica (IDEAM) “Forence Nightingale”.
El operativo se llevó a cabo por instrucciones del juez de control Dorian Sarel Martínez, bajo el oficio 0395/2025, en contra de Jennifer Josefina R., quien figura como representante legal de la institución. En la diligencia participaron elementos de la Policía Estatal, personal del Ejército Mexicano y agentes ministeriales coordinados por el Ministerio Público.
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De acuerdo con el mandamiento judicial, el cateo tuvo como objetivo localizar documentos relacionados con posibles alumnos y trabajadores, además de dinero obtenido mediante el presunto fraude, así como videos, cámaras de seguridad y equipos DVR que permitieran fortalecer las investigaciones.
La denuncia que dio origen al proceso corresponde al delito de fraude académico, aunque hasta el momento no se ha especificado el monto económico involucrado ni el número total de afectados. Según los reportes preliminares, al menos uno de los estudiantes habría perdido recursos al inscribirse en programas sin reconocimiento oficial, quedando su preparación en el aire.
Fuentes extraoficiales revelaron que hace aproximadamente mes y medio personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acudió a la institución para requerir su incorporación formal. Sin embargo, la directora rechazó el trámite, argumentando que no le interesaba el registro oficial, bajo la supuesta intención de aliar la escuela con una reconocida universidad, lo cual resultó ser una excusa sin sustento.
El plantel ofertaba carreras técnicas en enfermería y otras áreas de la salud, sin contar con los permisos correspondientes, lo que habría generado confianza entre los estudiantes y sus familias, quienes confiaron en la supuesta validez de los programas. Esta situación mantiene a decenas de jóvenes en la incertidumbre, pues podrían haber invertido tiempo y recursos en estudios que no les serán reconocidos oficialmente.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre el avance de la investigación, ni ha confirmado si existen personas detenidas. El inmueble permanece asegurado, mientras continúan las indagatorias para determinar la magnitud de los fraudes cometidos y la posible responsabilidad penal de la directora y otros involucrados.
