El presunto adeudo que pesa sobre Grupo VANGUARDIA, respecto del cual se pronunció, el pasado jueves 14 de agosto, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, es un caso en el cual la contraparte es una “empresa” denominada Grupo Inmobiliario España Juárez S.A. de C.V.
Dado el monto reclamado, así como el gasto que el proceso legal ha implicado en abogados, sería de esperarse que se tratara de una empresa con un capital social importante, con actividad reconocida y que pudiera ser identificada fácilmente por el público.
No es así.
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Y no lo es por una razón que cualquiera puede imaginar, sin necesidad de realizar un esfuerzo mayor: se trata en realidad de una fachada detrás de la cual actúan sus verdaderos propietarios quienes, por razones que también pueden sospecharse fácilmente, han decidido no figurar.
Como lo consignamos en el reporte que publicamos en esta edición, los documentos públicos de la empresa señalan como propietarios de la misma a dos personas: Sergio Carrillo Campos y Luis Gerardo Marines González.
¿Quiénes son estas personas? El primero fungió como director del Registro Público de la Propiedad en Monclova, durante la administración de Humberto Moreira; el segundo ostenta actualmente una plaza dentro del Poder Judicial del Estado.
No hace falta argumentar demasiado para dejar claro que ninguno de los mencionados puede mostrar evidencia de una trayectoria empresarial que les permitiera montar un negocio que, entre otras cosas, pudiera adquirir cartera bancaria para intentar su recuperación.
¿Cómo se hizo el Grupo Inmobiliario España Juárez de los presuntos derechos litigiosos respecto del adeudo que se le reclama a Grupo VANGUARDIA, si en sus orígenes se trataba, en todo caso, de un adeudo surgido de un crédito contratado con un banco?
¿Qué actividad comercial o industrial realiza el citado “Grupo Inmobiliario” en Saltillo o en cualquier otra ciudad de Coahuila o de México? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Qué conexión tiene con la comunidad?
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La respuesta a las preguntas anteriores es la misma en todos los casos: imposible saberlo. Y ello ocurre porque se trata de un cascarón vacío; de una maqueta sin densidad ni contenido; de un instrumento creado para servir a los intereses de quien realmente opera detrás.
El cuidado que se ha tenido para que no se conozcan los reales intereses detrás de “la contraparte” de Grupo VANGUARDIA evidencia lo que hemos denunciado desde hace meses: estamos ante un caso cuya finalidad no es zanjar un diferendo alrededor de un adeudo; se trata, más bien, de una trama que tiene por objeto golpear económicamente a un medio de comunicación crítico y, ulteriormente, silenciarlo.
Lo último no lo conseguirán.
