A un año de haber comenzado la guerra en Culiacán por la implosión del Cártel de Sinaloa, la pregunta que sigue haciendo el gobierno de México a Estados Unidos es cómo fue la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el líder histórico de esa organización criminal, el 26 de julio del año pasado. La última petición sobre los detalles de lo que sucedió fue el miércoles, durante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado, Marco Rubio. El canciller estadounidense le dijo que no era posible darle la información por el riesgo de filtraciones a los criminales de su gobierno.
Pese a que Rubio reconoció públicamente que “jamás” había existido una colaboración tan amplia de un gobierno mexicano con el suyo, siguen existiendo desconfianzas y reticencias a que la información de inteligencia fluya. Varios altos funcionarios han sido enviados a Estados Unidos para someterse a exámenes de confianza –un doble vetting–, pero ni así se han restablecido los canales de intercambio de inteligencia amplia. La Presidenta tuvo que asumir el descolón del secretario de Estado.
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Sheinbaum arrastra la desconfianza que tienen los estadounidenses de López Obrador, que expuso Rubio al reconocer el cambio de estrategia con respecto al concepto obradorista de abrazos y no balazos, que aseguró, abrió la puerta para que los cárteles se apropiaran de territorios en todo el país, fraseando la imputación sin los matices que ha empleado en público, limitándolo a la zona fronteriza. Por lo que ha trascendido, tampoco en este señalamiento hubo una respuesta presidencial.
Si bien Sheinbaum no tuvo una actitud ladina como la que tomaba López Obrador cuando hablaba con los emisarios de Washington, fue cuidadosa aunque enérgica en algunos temas. Es lo que sucedió, de acuerdo a lo que ha trascendido, con el caso de Zambada y la guerra en Culiacán, de la que López Obrador y Sheinbaum culpan al gobierno de Joe Biden, porque la captura de Zambada, argumentan, propició la violencia que se vive. Esas declaraciones, sin embargo, son el reconocimiento tácito de que Sinaloa vivía la pax narca, al ubicar a Zambada como factor de estabilidad y gobernabilidad.
Ni López Obrador ni Sheinbaum lo han fraseado de esa manera, pero eso es lo que admiten. Permite entender –no justificar– por qué López Obrador no actuó contra el Cártel de Sinaloa, pero lo que todavía no se alcanza a comprender es por qué el gobierno de Sheinbaum, que está combatiendo a las dos facciones en las que se dividió el Cártel de Sinaloa, no ha podido contener la violencia. Extrañamente, ninguno de los dos pidió al gobierno de Estados Unidos información sobre cómo se dio la captura de Joaquín, hijo de “El Chapo” Guzmán, que cayó en el mismo operativo de julio, aparentemente porque la versión oficial en Washington, de que engañó a Zambada y se lo llevó a Estados Unidos, no es creíble en Palacio Nacional.
La guerra en Culiacán estalló el 9 de septiembre, hoy hace un año, casi un mes después de que Zambada publicó una carta en la plataforma X –que no pudo haber salido de la cárcel de Brooklyn sin autorización de los fiscales–, en donde ratificó la acusación contra su ahijado Joaquín Guzmán López por haberlo engañado para ir a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado federal Héctor Melesio Cuén –que fue asesinado en el lugar de la reunión–, para solucionar un enfrentamiento por la rectoría de la Universidad de Sinaloa, como mediador de las partes.
La operación fue planeada y ejecutada por el FBI y un comando del Departamento de Seguridad Nacional, y se hizo a espaldas del gobierno de López Obrador porque, dijeron funcionarios estadounidenses, temían que hubiera una filtración y alertaran a Zambada que iban a detenerlo y llevarlo a Estados Unidos. Nueva información de las investigaciones de las agencias de inteligencia de ese país sobre el Cártel de Sinaloa y los presuntos nexos del expresidente y su entorno con la organización, señalan que la captura de Zambada se dio como consecuencia de “una traición del pacto criminal” vigente entre el gobierno y la organización.
Según las investigaciones estadounidenses, “El Mayo” Zambada “sabía” que López Obrador estaba traicionándolo con Los chapitos, a quienes en los meses previos buscó cuidar de la embestida de la Administración Biden por el tráfico de fentanilo ilegal, enviándoles mensajes que “las cosas” con Estados Unidos “estaban muy calientes” y era mejor que dejaran de producir fentanilo.
Días después, a principios de mayo de 2023, sin ningún contexto público, Los chapitos enviaron una carta a la periodista Azucena Uresti, en donde afirmaron que “jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados”, como los acusaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y se decían “víctimas de una persecución” en donde los habían convertido en “chivos expiatorios”.
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Las investigaciones estadounidenses agregan que Los chapitos habían detectado que en Palacio Nacional los iban a traicionar, aparentemente buscando deslindarse el expresidente y dos altos funcionarios tabasqueños cercanos a él, por lo que buscaron una salida con el gobierno de Biden. La facción de Los Chapitos se fracturó y hasta ahora sólo Ovidio y Joaquín llegaron a acuerdos con los fiscales de Trump.
Otra persona involucrada en la captura y el asesinato de Cuén, que desde un principio comenzó a colaborar con los estadounidenses, es el gobernador Rocha Moya, de quien hay datos en el gobierno mexicano que tanto él como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, son informantes de las autoridades en ese país. Los gobernadores han negado tener cualquier vínculo en ese sentido.
La guerra en Culiacán suma más de mil 800 personas asesinadas hasta agosto pasado, un incremento de 265 por ciento con respecto al mismo periodo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Ciertamente existe una correlación directa entre la caída de “El Mayo” Zambada y la espiral de violencia, que no le dan la razón a López Obrador o a Sheinbaum, porque la gobernabilidad no la proporcionan los narcotraficantes sino el Estado mexicano, que sigue en entredicho por las oscuras relaciones de López Obrador y sus cercanos con el Cártel de Sinaloa.