Con 474 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general contra la extorsión, misma que fue remitida al Senado de la República.
Tanto diputados como senadores tendrán un plazo máximo de 180 días para emitir la legislación correspondiente.
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La reforma busca unificar y endurecer la respuesta del Estado mexicano a la extorsión. El punto principal es la creación de una Ley General, lo que significa que habrá un marco legal uniforme aplicable en todo el país, para poner fin a las disparidades en las sanciones entre los estados y facultar al Congreso para legislar de manera integral.
Además, la iniciativa propone que el delito de extorsión pueda ser perseguido de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima presente una denuncia formal para que las autoridades actúen. Esto es clave para combatir la impunidad, ya que muchas personas no denuncian por miedo a represalias. Asimismo, se busca incluir a la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y aplicar el uso de tecnología e inteligencia para la investigación.
ASÍ FUE EL DEBATE LEGISLATIVO
Durante el debate, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, subrayó la necesidad de abrir el proceso a diversos sectores sociales: “Esta legislación secundaria tiene que homologar las penas, generar una política contra la criminalidad de manera unificada que atienda la gravedad, que logre una justa punibilidad sobre el delito de extorsión, que atienda las causas por las que se ha originado y que ha crecido tanto, previniéndonos no solo herramientas jurídicas necesarias, sino acciones muy concretas para las diferentes modalidades, y también tenemos que ser respetuosos de los Derechos Humanos”, expresó.
El panista Héctor Saúl Téllez presentó cifras que reflejan el crecimiento del delito: entre 2019 y 2024 el promedio anual de carpetas de investigación por extorsión fue de 9 mil 407, con un incremento del 46.1%.
“Si comparamos los primeros 10 meses de las recientes administraciones, la cifra de extorsiones ha crecido de forma exponencial. Y déjenme decirles: Con la presidenta Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 021 casos, una cifra abrumadora si la contrastamos con los 7 mil 249 de López Obrador, los 6 mil 792 de Peña Nieto y los 2 mil 599 de Felipe Calderón”, puntualizó.
Desde el PRI, el diputado Alejandro Domínguez destacó la urgencia de acompañar la ley con recursos económicos específicos: “Porque sin dinero, sin personal y sin capacitación cualquier ley queda reducida letra muerta”. Asimismo, señaló las diferencias en sanciones: “También es indispensable establecer un marco jurídico uniforme, ya que la disparidad entre entidades federativas es evidente, mientras en Oaxaca o Yucatán las penas mínimas para este delito son de 1 a 3 años, en Chihuahua las penalidades llegan hasta 30 años de cárcel”.
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Por su parte, la petista Lilia Aguilar advirtió sobre la cifra negra en este delito: “Quiere decir que lo que conocemos hoy día, que son 57 extorsiones por día, son solamente el 4% de las extorsiones que suceden en nuestro país, que van desde el cobro de piso, que se está volviendo un impuesto del crimen, hasta las extorsiones de cosas tan sencillas como que te hablan y te dicen que te ganaste la lotería”.
Finalmente, la diputada panista Annia Gómez consideró urgente homologar las penas en todo el país, debido al crecimiento sostenido de este delito. “La extorsión es un delito que de alto impacto que creció 57% entre 2018 y 2025, es decir, estamos hablando de casi 30 casos diarios. En 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, equivalentes a 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes, 71% de los casos se concentran en el estado de Veracruz, el Estado de México, Nuevo León”, señaló.
