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Avala Congreso de Coahuila desaparición del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó una serie de reformas en materia de atención a personas adultas mayores, entre las cuales destaca la transformación del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM), que dejará de ser un organismo público descentralizado para convertirse en un órgano desconcentrado del DIF estatal.

La reestructura fue impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y busca centralizar la gestión institucional bajo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza (DIF Coahuila), con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la coordinación administrativa y fortalecer los programas dirigidos a este sector de la población.

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Las modificaciones son resultado del proceso de Parlamento Abierto realizado entre el 6 y el 20 de agosto de 2025, en Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Torreón y Saltillo, donde representantes del Congreso escucharon directamente a la ciudadanía, principalmente, para estas reformas, a los adultos mayores.

Además, también se aprobó, por iniciativa del diputado Jorge Valdés, otorgar al ICOPAM, ahora como parte del DIF, la facultad de realizar visitas de inspección y vigilancia en instituciones públicas y privadas que atienden a personas adultas mayores. Esta nueva atribución permitirá verificar condiciones de funcionamiento, calidad de atención, capacitación del personal y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades o la opinión pública.

Tambien se aprobó una reforma constitucional impulsada por el diputado Antonio Flores, para actualizar el lenguaje del artículo 173, sustituyendo los términos “minusválido” por “personas con discapacidad” y “ancianos” por “personas adultas mayores”, en línea con un enfoque de respeto, inclusión y armonización con estándares internacionales de derechos humanos.

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Asimismo, por iniciativa del diputado Alberro Hurtado, se incorporó como derecho la realización de Evaluaciones Geriátricas Integrales, que deberán ser gratuitas, anuales y accesibles a todas las personas adultas mayores que las soliciten, sin importar si tienen afiliación a algún sistema de seguridad social para mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento.

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