CULIACÁN, SIN.- A un año del estallido de la narcoguerra que fracturó al Cártel de Sinaloa, el estado continúa sumido en la violencia. Las cifras oficiales confirman lo que los ciudadanos viven en carne propia: homicidios en niveles históricos, desapariciones multiplicadas y delitos patrimoniales disparados.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentaron un balance de los últimos doce meses que dimensiona la magnitud de la crisis.
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La escalada en la violencia comenzó en septiembre de 2024, cuando la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda detonaron la fractura interna del cártel y con ella una espiral de violencia sin freno. Desde entonces, la vida cotidiana cambió: familias rotas, escuelas en zozobra y una iniciativa privada que se mantiene bajo la sombra del miedo.
Miguel Ángel Calderón Quevedo, titular del CESP, subrayó que la violencia no ha dado tregua en este año. Señaló que el balance no solo debe servir para dimensionar el horror vivido, sino para pensar en una agenda poscrisis que permita reconstruir la paz.
“En algún momento esto cederá, en algún momento acabará, y debemos preguntarnos hasta qué punto hemos reflexionado sobre lo que viene después”, dijo.
El informe detalla que el robo a casa habitación, que antes de la crisis se mantenía en un promedio de 40 denuncias mensuales, alcanzó en junio pasado 207 casos.
Los homicidios llegaron a un máximo histórico en julio con casi siete asesinatos diarios, cuando la media previa era de apenas 1.5.
Las desapariciones forzadas se dispararon también: tan solo en julio de 2025 se abrieron 233 carpetas de investigación, frente a las 70 que solían registrarse en un mes típico antes de la crisis.
El robo de vehículos pasó de 209 en mayo de 2024 a casi 700 en el mismo mes de este año, mientras que el robo a comercios rebasó en marzo las 220 denuncias, más del doble de lo habitual.
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Aunque la llegada de fuerzas federales fue clave para contener la violencia en su fase más cruda, Calderón Quevedo advirtió que Sinaloa sigue arrastrando un déficit crítico en materia de seguridad.
“Hoy tenemos apenas 500 agentes operativos cuando deberíamos contar al menos con dos mil. Esta crisis debe servir para exigir más recursos y fortalecer nuestras instituciones”, señaló.
El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, hizo énfasis en el impacto devastador de la narcoguerra en los sectores más vulnerables.
Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se registraron 76 mujeres asesinadas, 50 menores de edad víctimas de la violencia, 64 agresiones contra periodistas y mil 907 desapariciones reconocidas oficialmente, aunque los colectivos de búsqueda estiman que la cifra real supera las 2 mil 800.
“Nos encontramos en medio del ojo del huracán, en la tormenta que hemos vivido, y es necesario hablar de las tareas comunes que tenemos que emprender”, advirtió.
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A pesar de lo desolador de las cifras, el informe rescata un aspecto esencial: la resiliencia de la sociedad sinaloense.
Familias, comunidades y organizaciones civiles se han mantenido firmes, sosteniendo la esperanza y organizándose para reconstruir la vida cotidiana, especialmente en Culiacán, la ciudad más golpeada por la guerra intestina.
Con el diseño del presupuesto estatal 2026 en puerta, tanto el CESP como la CEDH coincidieron en que será decisivo priorizar el fortalecimiento de policías, ministerios públicos y peritos. El objetivo es alinearse con los lineamientos nacionales que contemplan un incremento del 25 por ciento en agentes operativos y del 30 por ciento en fiscales investigadores. Con información de Revista Espejo