El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha evidenciado la dependencia que existe en América Latina respecto de Estados Unidos y ha sumido a países como México y Brasil en una profunda contradicción, advierte Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), en entrevista con EL UNIVERSAL.
Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una “postura públicamente crítica” de acciones de Trump como los ataques a embarcaciones, o la operación militar en Venezuela, en México “avanzan políticas tan regresivas para los derechos como la reforma judicial, la ampliación de la militarización, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la ampliación de medidas de inteligencia restrictiva a derechos con la recolección de datos biométricos”.
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El gran desafío latinoamericano, afirma, es cómo enfrentar el crimen organizado que asola la región, mientras se protegen los derechos humanos.
—El informe de Human Rights Watch 2026 habla de un nuevo desorden mundial provocado principalmente por Donald Trump. ¿Hacia dónde está llevando Trump a Estados Unidos y al mundo?
—Nos tomará probablemente toda esta generación tratar de retrotraer los impactos negativos que ha tenido tan sólo un año de administración de Trump. Si bien en América Latina el balance del impacto de EU ha sido siempre mixto, por lo menos en las últimas décadas veníamos de un EU que de alguna manera… empujaba por mayores estándares de protección de derechos humanos en América Latina, defensa de organizaciones de la sociedad civil, defensa del periodismo independiente.
Lo que hemos visto este año es un EU que no sólo ya no defiende a nivel internacional un ordenamiento basado en el derecho, el respeto de las reglas, sino que, por el contrario, trabaja activamente para desmantelarlo.
“Eso en la región se ha visto reflejado en más de 120 ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, en el Pacífico, de ciudadanos latinoamericanos… Ningún país tiene derecho a ejecutar extrajudicialmente a personas, incluso aquellas que pudiesen estar involucradas en la comisión de un delito”.
“Aquellos países más cercanos ideológicamente a Trump han aprovechado sus políticas y discurso para ellos mismos ampliar el proceso de restricción de derechos en toda la región. El caso más emblemático es el del presidente Nayib Bukele, en El Salvador, pero está también el caso de Ecuador, bajo Daniel Noboa, o Argentina, con Javier Milei, en donde hemos visto un intento significativo por debilitar a las instituciones”.
—EU realizó una operación militar para entrar en Venezuela y sacar a Nicolás Maduro, pero dejó al chavismo en el país y ahora decide lo que pasa allí. ¿Qué mensaje envía esto al mundo?
—El ataque militar por parte de EU no significó el desmantelamiento del régimen. Lo que hubo es una decapitación del régimen a través de la captura de Nicolás Maduro, pero hoy el gobierno, en manos de Delcy Rodríguez, mantiene intacta esa estructura de represión. No veo una voluntad de EU de impulsar una transición a la democracia en Venezuela.
Lo que veo es más un interés por lograr la extracción de petróleo, con beneficios económicos para EU, y permitir el regreso de migrantes venezolanos… Quizás el único dividendo positivo que hemos visto luego del ataque es la liberación de más de 300 presos políticos… Pero han sido liberaciones a cuentagotas, sin transparencia, y hay casi 700 presos políticos que aún se mantienen en detención.
—Frente a las ejecuciones extrajudiciales en el mar, el ataque en Venezuela, ahora la presión sobre Cuba, las amenazas a Groenlandia, encontramos, excepto alguna reacción aislada, un silencio mayoritario y países plegándose a las exigencias de EU. ¿Qué impacto tiene ese silencio?
—La presidenta Sheinbaum y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil han intentado tener una postura públicamente crítica de varias de las políticas, particularmente de la política exterior de Trump.
Pero en la práctica, detrás de cámaras, han negociado con él. En parte por la inmensa dependencia, en el caso de México, comercial, en parte por el riesgo de imposición de sanciones, que ha expuesto cómo América Latina depende en gran medida de EU, lo que la ha dejado en una inmensa vulnerabilidad.
“La presidenta Sheinbaum pierde legitimidad internacional en su defensa del ordenamiento internacional y de un orden basado en derechos cuando internamente avanzan políticas tan regresivas para los derechos como la reforma judicial, la ampliación de la militarización, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la ampliación de medidas de inteligencia restrictiva a derechos con la recolección de datos biométricos.
Históricamente el gobierno mexicano ha insistido en la no intervención, pero… creo que más que un verdadero interés en la no intervención lo que esconde es el propio interés del gobierno mexicano de no ser escrutado internacionalmente, de que no se le critique, por ejemplo, por la inmensa crisis de desapariciones”.
—Con Cuba, Trump ha decidido ahorcar al régimen cortando los envíos de petróleo. ¿Qué significa eso para los cubanos?
—En Cuba no hay una democracia, hay un régimen que ha violado de manera sistemática los derechos de sus ciudadanos. Hay más de 700 presos políticos… Pero tanto el embargo como las políticas que buscan ahogar al régimen lo que han generado es la excusa perfecta para que el régimen cubano pretenda culpar al resto del mundo y particularmente a Estados Unidos por sus propios fracasos.
“Si algo sabe el régimen es resistir ante ese tipo de aislamientos, y quien sufre las consecuencias de ese aislamiento no ha sido el régimen, sino la población cubana”.
—México vive una presión constante de parte de EU: de migración a seguridad, los narcotraficantes, ahora el envío de petróleo a Cuba. El gobierno ha optado por tratar de contener, de no confrontar, de enviar criminales a Estados Unidos. ¿Es funcional esta estrategia a largo plazo? ¿Qué impacto tiene?
—La presidenta Sheinbaum es muy consciente de los impactos que tendría para México la imposición de aranceles adicionales y de una relación muy tensa con EU, y ha tomado la decisión de colaborar detrás de cámaras con el gobierno Trump.
Eso ha significado decisiones que tienen un impacto negativo en materia de derechos humanos.
En primer lugar, la recepción de migrantes, incluyendo migrantes de otros países, cubanos, haitianos, venezolanos, que se han enfrentado en México a no tener un sistema de protección suficientemente robusto.
“Ha significado colaboración en materia de políticas de seguridad, incluyendo no sólo las entregas de ciudadanos por fuera de un marco legal que permita garantizar sus derechos, sino también en políticas como la ampliación de la recolección de información”.
—EU amenaza con lanzar operaciones contra los cárteles. ¿HRW ve un escenario donde haya ingreso de efectivos para operaciones selectivas contra el narco, o uno de colaboración para operaciones conjuntas?
—Después del ataque de enero en Venezuela, opciones que parecían que estaban por fuera de la mesa hoy parecen ser plausibles para EU. Nos enfrentamos a que el orden internacional cambió a partir de esa decisión del gobierno Trump.
Pero creo que el reto más grande en América Latina en este momento es el impacto del crimen organizado en la región y la forma en la cual los gobiernos están enfrentándose a ese tema.
Somos el continente con las cifras más altas de homicidios, con los peores indicadores de impunidad por esos homicidios.
Y los países de la región, en su mayoría, se debaten entre una visión según la cual para ofrecer seguridad a la ciudadanía le tienen que restringir sus derechos [como] el modelo Bukele, y [la visión de] gobiernos como el del Petro en Colombia, el de Perú, donde lo que se ha permitido es que el crimen organizado crezca de distintas maneras.
Y estas visiones omisivas también generan la restricción de derechos.
“El gran reto que tienen las democracias de América Latina es ser capaces de poner en marcha políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos”.
“México estaría llamado a liderar una política de ese estilo, pero desafortunadamente el gobierno de la presidenta Sheinbaum le ha seguido apostando a la militarización, al desmonte de lo poco que había de independencia judicial, con un mal diagnóstico, porque en México el problema no era realmente el Poder Judicial, sino la debilidad profunda y la inmensa corrupción dentro de las fiscalías, la incapacidad de investigar los delitos”.
—El informe advierte sobre el aumento en los niveles de violencia contra las mujeres en México. ¿Qué hace falta en materia de defensa de los derechos de la mujer?
—La elección de la primera mujer presidenta es un paso muy importante en términos de garantizar que las niñas mexicanas cuenten con un modelo de que es posible participar en los procesos electorales y que es posible estar en un nivel más alto de toma de decisiones.
Desafortunadamente, eso no ha redundado en una mayor seguridad para las mujeres. Los indicadores de feminicidios en México siguen siendo muy preocupantes y el principal cuello de botella es la profunda debilidad, cooptación, por parte de actores criminales, de la capacidad de investigación del delito en México.
—¿Ven algún avance en México frente a todos estos desafíos?
—El principal avance, y así lo destaca el informe, es que, según los datos oficiales, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador salieron de la pobreza más de 13 millones de mexicanos. Esa es una noticia muy importante para México y para la región.
