TOLUCA, EDOMEX.- El Gobierno del Estado de México presentó al Congreso estatal una iniciativa de reforma al Código Penal local que busca imponer sanciones penales para servidores públicos que rechacen o disuadan la presentación de denuncias por acoso sexual.
La iniciativa, promovida por la gobernadora Delfina Gómez, contempla que policías y ministerios públicos puedan ser sancionados con hasta seis años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos, cuando se compruebe que han negado o retardado la recepción de una denuncia por acoso sexual.
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Entre los cambios propuestos destacan: tipificar el acoso sexual como delito desde el primer acto, eliminando el requisito de reincidencia vigente; aumentar penas para quienes se aprovechen de una situación de vulnerabilidad; y establecer responsabilidad específica de los servidores públicos que no cumplan con su deber de atención a víctimas.
Asimismo, en conferencia de prensa se explicó que la iniciativa incluye la obligación de referir a las víctimas a instancias de protección y que los organismos de seguridad exhiban reportes trimestrales de cumplimiento de protocolos de atención.
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Organizaciones de la sociedad civil expresaron su respaldo a la propuesta, aunque advirtieron que su eficacia dependerá de una correcta implementación, capacitación de los cuerpos policiales y la creación de mecanismos de supervisión independientes.
El documento fue enviado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local y se espera que sea discutido en sesiones ordinarias durante las próximas semanas. Con información de El Universal
