A propuesta de la diputada Zulmma Verenice Guerrero, el Congreso del Estado envió un exhorto a la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de que informen sobre los hallazgos y responsabilidades administrativas derivadas del apagón del 6 de junio pasado en la planta “Carbón II” de Nava, Coahuila.
“Esta solicitud no busca señalar por señalar, lo que pedimos es claridad, transparencia y responsabilidad institucional, que se informe qué ocurrió, quién responde administrativamente, qué medidas se adoptaron para corregirlo y qué protocolos nuevos se implementarán para evitar que vuelva a suceder”, planteó la legisladora del partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC).
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En su exposición de motivos, refirió que la Región Carbonífera tampoco pide privilegios, sino justicia, toda vez que es un pueblo “que ha dado su esfuerzo, su salud y hasta su vida en las minas y plantas de la nación”.
“Hoy exigimos —enfatizó— que la riqueza que aquí se genera no se diluya en opacidad o corrupción, sino que regrese en forma de empleos dignos, servicios de calidad y oportunidades para nuestras juventudes”, expresó en tribuna.
Puntualizó: “Queremos que la energía que aquí se produce ilumine hogares, pero también ilumine un futuro de esperanza y bienestar compartido. Ese es el sentido de nuestro llamado, es decir, construir un modelo energético que ponga en el centro a la gente, no solo a los números”.
La Región Carbonífera es el corazón energético de Coahuila, en Nava se encuentran dos de las centrales termoeléctricas más importantes del país, la “José López Portillo” y la “Carbón II”.
Esta última es la mayor de América Latina en su tipo, y ambas generan electricidad esencial para el sistema nacional, emplean a cientos de personas y dinamizan a proveedores locales que dependen directamente de su operación.
LOS HECHOS
Guerrero Cázares explicó que el pasado 6 de junio, la central Carbón II sufrió un apagón total tras la falla de su única unidad activa, “un hecho que no fue fortuito, ya que presuntamente se utilizó diésel y combustóleo en calderas diseñadas para carbón, sin autorización y a precios sobrevalorados”.
“Además, se ha reportado la adquisición de millones de litros de diésel sin trazabilidad, lo cual tiene implicaciones ambientales, financieras y laborales gravísimas”, denunció.
“El resultado fue la pérdida de empleo para al menos 70 trabajadores y la paralización de la demanda local de carbón; impacto directo en hogares y en la distribución de riqueza regional”, dijo.
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Consideró que este episodio no es aislado: revela fallas sistemáticas en el modelo de contratación, supervisión técnica y cuidado ambiental.
“En nuestra Región Carbonífera… la operación de la planta no solo debe asegurar la electricidad nacional, sino también dignidad laboral, estabilidad para las familias y condiciones ambientales seguras”, enfatizó la diputada udecista.
