Tras la reciente agresión a un docente en la Secundaria General No. 8 “Adolfo López Mateos” en Saltillo, el Congreso de Coahuila y autoridades estatales iniciaron el diseño de un paquete de reformas a la Ley de Educación del Estado, así como a lineamientos y protocolos en los planteles educativos, con el fin de actualizar protocolos de seguridad escolar, establecer nuevas responsabilidades y fortalecer la protección para todos los actores del sistema educativo.
El secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, informó que desde hace varios meses se trabaja en coordinación con la Secretaría de Gobierno, especialistas del sector educativo y representantes sindicales, en la revisión de lineamientos y procedimientos que permitan atender con mayor eficacia situaciones de riesgo en los planteles.
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Destacó que se están generando nuevos criterios administrativos relacionados con el uso de cámaras de seguridad, el papel de los padres de familia en la convivencia escolar, y protocolos de actuación ante escenarios de violencia.
En este contexto, adelantó que varios de estos lineamientos serán incorporados a la legislación local, como parte de una estrategia conjunta con el Congreso del Estado para armonizar la Ley de Educación con los marcos normativos nacionales y responder a las demandas actuales de las comunidades escolares.
Por su parte, la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, confirmó que en el actual periodo ordinario se impulsarán reformas educativas, en diálogo con autoridades del Ejecutivo y la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la comisión de Educación en el Congreso Local.
Luz Elena Morales mencionó que se llevarán a cabo mesas de trabajo para revisar aspectos como la periodicidad y efectividad de los protocolos escolares, así como los mecanismos de prevención de violencia en las aulas.
La diputada aclaró que, aunque se está revisando el papel de los padres en la formación de sus hijos, no se contempla establecer una corresponsabilidad jurídica directa por las acciones de los menores, pues el sistema de justicia del estado no lo permite.
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Ante ello, consideró que el enfoque debe centrarse en la prevención, la salud mental, y la atención de problemáticas como las adicciones, factores que pueden estar vinculados con las conductas violentas en el entorno escolar.
Finalmente, reiteró que cualquier reforma en materia educativa debe tener como prioridad tanto el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación en entornos libres de violencia, así como la protección de los derechos laborales del magisterio.
