El 14 de agosto de 2025, el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito resolvió un caso que ha levantado múltiples alertas en el ámbito judicial y periodístico. Se trata del juicio mercantil en contra del Grupo Vanguardia, por un adeudo que supuestamente se originó en 1994, y que fue reactivado judicialmente hasta 2008. Después de 15 años de duración del proceso, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila confirmó la sentencia de primera instancia en diciembre de 2024… y lo hizo con inusual rapidez. El plan era claro: fallar en tiempo récord, pues menos tardaron en estudiar un expediente de miles de hojas, que en conseguir la firma de un magistrado
“Todos los miembros del foro quisiéramos que nos resolvieran así de rápido”, afirmó en aquella ocasión, el litigante y presidente del Foro de Abogados Saltillo, Xavier Eugenio Laureano Valdez en una entrevista concedida a Vanguardia.
El abogado aseguró que es algo “extraordinario” porque los asuntos son “complejos” debido a que si llegan a una segunda instancia es porque están apelando la resolución de un juez.
Alberto Lara Fernández, abogado litigante, coincidió en que el tiempo de resolución fue “exprés”, al explicar que un caso mercantil suele tardar de 45 días a 60 días.
La rapidez en la resolución toma más relevancia porque uno de los socios de Grupo Inmobiliario España Juárez S.A. de C.V, la empresa detrás del juicio mercantil contra el Grupo Vanguardia, es Luis Gerardo Marines González, coordinador de los Tribunales Laborales en el mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, lo que refleja un posible conflicto de interés moral y pone en duda el principio de imparcialidad, pues cuando un funcionario judicial, aunque no sea el juez que emite la sentencia, tiene un interés económico directo en el resultado de un litigio que se resuelve en la misma institución donde trabaja, se viola este principio.
Un abogado consultado refirió que si bien no se puede tratar de una ilegalidad hasta que se comprobara la relación de quien emitió la sentencia con el dueño de la empresa, sí puede enmarcarse en un conflicto moral.
Independiente de esto, Grupo Vanguardia impugnó el fallo, pero el Tribunal Federal, en una votación dividida, rechazó los amparos promovidos por la empresa, con lo cual se validó una sentencia considerada por expertos jurídicos como “débil en fundamentos y peligrosa en precedentes”.
El magistrado federal, Héctor Alejandro Treviño de la Garza, emitió incluso votos concurrentes (estar de acuerdo en la decisión final, pero discrepar de la argumentación) y disidentes (no estar de acuerdo en la decisión de la mayoría ni en la argumentación) en los expedientes 62/2025 y 63/2025, al considerar que el título presentado por la parte actora no tenía liquidez ni certeza jurídica suficiente. Cuestionó que la deuda se “presumiera” SIN PRUEBAS FEHACIENTES, entre ellas la omisión del aviso bancario al supuesto deudor.
La sentencia se apresuró… porque el magistrado se iba
En la sesión del jueves 14 de agosto del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito se abordaron los cuatro expedientes en los cuales el Grupo Vanguardia buscaba el amparo contra la sentencia dictada por la Sala en Materia Civil del Poder Judicial estatal en diciembre de 2024. En 2008 había iniciado el caso en la justicia local por un supuesto adeudo contraído en 1994.
Al inicio de la sesión, el presidente del Tribunal Colegiado Federal señaló que se recibieron dos notificaciones: la solicitud de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la otra dirigida a que la magistrada Guadalupe García de la Fuente no participara en la discusión por un conflicto de interés. Se trataba de una recusación a raíz de un antecedente de agresión de un integrante de su ponencia, Eduardo Fuentevilla Cabello, contra un colaborador de Vanguardia que inclusive derivó en una denuncia. Fue el 25 de abril que Fuentevilla Cabello fue captado en un video amenazando y agrediendo a policías municipales y a un reportero de esta casa editora, durante un operativo antialcohol.
“Soy sinaloense, cabrón. ¿Cuál es tu pedo? Me vales verga, puñetas… Soy una verga yo, cabrón. Vas a saber con quién te metiste, tu cara no se me olvida. Te mando a tablear, puñetas”, fueron las amenazas que lanzó y que derivaron en una denuncia penal.
El magistrado presidente, Héctor Alejandro Treviño de la Garza, argumentó que los asuntos debían ser aplazados debido a la existencia de una solicitud de facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una recusación contra la licenciada de la Fuente.
Consideró que no había “premura” para resolver los asuntos y que sería “más sano” aplazarlos para desahogar ambas cuestiones, ya que la solicitud de facultad de atracción ya tenía un número de expediente y la recusación implicaba solicitar un informe y fijar una audiencia para desahogo de pruebas.
“Yo siento que deberíamos esperarnos (a que se resuelva la facultad de atracción). Y, aparte, por la recusación, pues la mecánica es que se tiene que solicitar el informe a la secretaria en funciones, la magistrada, y fijar una audiencia para el desahogo de pruebas… Un poco más que se tarde el asunto, no veo una cuestión tan trascendente que afecte en grado predominante a la contraparte… yo estaría por el aplazamiento de los asuntos para admitir trámite de impedimento”, expuso.
Sin embargo, debido a que su cargo termina al final de este mes (inclusive lo mencionó en la discusión), el magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales no quiso esperar a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso y dar carpetazo.
Al final, ambas peticiones se ‘mayoritearon’ y se inició la discusión de los expedientes.
Treviño de la Garza expuso que estaba fundado el concepto de violación, pues sostuvo que el título por sí mismo no daba la liquidez y certeza sobre el adeudo, y que este debía “adminicular con el estado de cuenta que tiene las deficiencias que se señalan en el tercer concepto de violación”.
Enfatizó que la sala asumió que el recurso se entregó a partir de la mera inscripción en el Registro Público y que el banco debía haber dado un aviso que no fue demostrado, lo cual, a su juicio, le restaba ejecutividad al título de crédito y sus anexos.
Por estas razones, emitió un voto concurrente (es decir, está de acuerdo en el resultado, pero no en la manera de llegar a él) en el Amparo Directo 62/2025 y votó en contra del proyecto en el Amparo Directo 63/2025.
Sin embargo, nuevamente por mayoría, se rechazaron los amparos interpuestos por el periódico Vanguardia y se aprobó el embargo de bienes por el supuesto adeudo mercantil.
Uno de los factores que más controversia ha generado es el papel del magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales, quien dejará su cargo a finales de agosto. Pese a que el caso contaba con una solicitud de atracción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una recusación contra la magistrada Guadalupe García de la Fuente —por un posible conflicto de interés—, el magistrado prefirió avanzar y cerrar el expediente sin esperar la resolución de estas peticiones. Minimizó las preocupaciones expresadas por los representantes de Vanguardia y el propio presidente del Tribunal.
Una empresa con vínculos al poder
La empresa que promovió el juicio mercantil contra Grupo Vanguardia es Grupo Inmobiliario España Juárez S.A. de C.V., una razón social con conexiones al entorno del exgobernador Humberto Moreira Valdés. Según documentos del Registro Público de Comercio en poder del diario, uno de los principales operadores detrás de la empresa fue Desiderio Nájera Zamarrón, un personaje cercano a Moreira que participó como socio, administrador y vigilante en varias de sus empresas familiares.
Nájera fue también tesorero de la organización “Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor”, con la que el hijo del exgobernador, Rubén Humberto Moreira Guerrero, intentó crear un partido político en 2019. En las empresas familiares de los Moreira —como Coahoxe, Los Tres Encinos de Arteaga, y Agropecuaria Los Pinos del Valle— su nombre figura en órganos de control.
Desiderio Nájera Zamarrón fue coordinador Administrativo en la Secretaría de Educación, en tiempos de la administración de Humberto Moreira; fue director Administrativo del DIF cuando estuvo en la alcaldía de Saltillo y ha estado vinculado a los negocios del exmandatario. Llegó a la empresa, en un nombramiento como comisario, en 2019, el mismo año en que la sociedad cambió su domicilio Saltillo, Coahuila,
Aunque Nájera falleció en 2021, Grupo Inmobiliario España Juárez no ha registrado movimientos ante el RPC desde 2019, cuando él todavía figuraba como comisario de la empresa.
La empresa fue constituida en 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Después, en 2012 apareció María de los Ángeles Patricia Torres Martínez como administradora y apoderada. Este personaje inclusive intentó aspirar a la gubernatura de Coahuila.
Para 2016, la sociedad fue adquirida por nuevos dueños: Sergio Carrillo Campos, exdirector del Registro Público de Monclova en tiempos de Humberto Moreira, y Luis Gerardo Marines González, quien actualmente trabaja en el Poder Judicial del Estado.
Luis Gerardo Marines González trabajó en la presidencia municipal de Saltillo como Jefe de Relaciones Laborales en la dirección de Servicios Administrativos, en la administración municipal de Humberto Moreira, hasta el 30 de noviembre de 2005.
Posteriormente fue director de Recursos Humanos en la Fiscalía General de Coahuila de 2005 a 2013, es decir, que fue parte de la fiscalía en tiempos del exgobernador Moreira y del exfiscal Jesús Torres Charles.
Trabajó en la secretaría de Desarrollo Social, fue coordinador operativo del Congreso y trabajó en la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro del PRI. Hasta que fue nombrado coordinador de Tribunales Laborales en 2022.
Siempre en puestos de tercer nivel, Marines González ocultó participar en empresas, sociedades o asociaciones, según cinco declaraciones patrimoniales y de intereses disponibles entre 2021 y 2023, y una en 2018.
Las declaraciones patrimoniales y de intereses de Luis Gerardo Marines González dentro de la estructura del Poder Judicial de Coahuila no están disponibles en la página ni del Poder, ni de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Sin embargo, en las disponibles, se evidencia que el funcionario mintió en su declaración y esto se considera una falta grave de acuerdo con el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:
“Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses…”.
El esqueleto de los integrantes de esta empresa, una Sociedad de Objeto Múltiple (Sofom), refleja que no se trata de una empresa con capital importante ni actividad reconocida, como fue mencionado en el editorial del 20 de agosto de Vanguardia. Además, una investigación en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da cuenta que la empresa no cuenta con una firma FIEL desde el 2013, por lo que no es posible que hayan facturado o declarado ingresos desde entonces. Además, no tiene movimientos desde al menos cinco años, y no ha tenido declaraciones de impuestos, ni siquiera en ceros, desde el 2019.
A pesar de no tener movimientos, hace no más de un año la empresa depositó un millón de pesos a su nombre para el juicio. Sin embargo, el ingreso a la empresa no está reflejado en su contabilidad del SAT, según pudo verificar este medio.
Un abogado fiscalista consultado explicó que se requiere analizar el documento del depósito que ampara esa cantidad para determinar el tratamiento contable y fiscal.
“Tanto el origen como el destino del depósito debe estar bien documentado y acorde a lo que se les permite a las Sofom. Si es para un juicio de la sociedad por el destino no habría problema, pero el origen sí puede haber problema”, comentó el especialista.
La conexión
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio (RPC) en poder de Vanguardia, Desiderio Nájera Zamarrón fue comisario de Grupo Inmobiliario España Juárez S.A. de C.V. desde 2019 hasta su fallecimiento en 2021, la empresa detrás del juicio mercantil contra Grupo Vanguardia. Pero tiene un historial de pertenecer a órganos de vigilancia de empresas relacionadas con Humberto Moreira.
En 2013, por ejemplo, fue designado como administrador de la empresa Unipolares y Espectáculos del Norte S.A de C.V, empresa que el exgobernador había adquirido en 2012. Renunció a su cargo hasta el 2021.
Inclusive fue socio de Humberto Moreira en la sociedad de producción rural, Agropecuaria Los Pinos del Valle, creada en 2015, una empresa dedicada a la explotación y comercialización agrícola, ganadera y pecuaria.
En la misma fecha en que fue creada esta sociedad, también Humberto Moreira creó Agropecuaria Tía Concha, otra sociedad de producción rural creada junto a Álvaro Ramos Moreira. En esa empresa, Desiderio Nájera Zamarrón fue secretario del consejo de vigilancia.
Ambas sociedades rurales, casualmente, fueron disueltas el 22 de febrero de 2023.
En otra empresa de Humberto Moreira, Coahoxe, S.A de C.V, creada en 2019 y dedicada a la adquisición y compraventa de terrenos, casas departamentos, ranchos, edificios y toda clase inmuebles, Desiderio Nájera Zamarrón también fue parte del órgano de vigilancia, según los documentos públicos.
No es todo. En las empresas que han creado los hijos del exgobernador, también aparece su persona de confianza. En Los Tres Encinos de Arteaga, S.A de C.V, creada en 2020 por Joaquín Felipe y Rubén Humberto, ambos Moreira Guerrero, Desiderio Nájera Zamarrón también formó parte del órgano de vigilancia.
De igual forma en la empresa Alitas y Hamburguesas de Saltillo, S.A de C.V, creada en 2016 por Rubén Humberto y su madre Irma Guerrero Prado, también estuvo el mismo personaje en el órgano de vigilancia.
Una más. En la empresa Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A de C.V, cuyas acciones adquirieron el exgobernador y su hijo Rubén Humberto en 2012, también Desiderio Nájera Zamarrón figuró como apoderado y administrador. Y a últimas instancias, la hija, Yanet Esmeralda Nájera Gil, quien figuró también como socia.
La red es amplia. En 2019, Desidero Nájera Zamarrón junto a Nicolás Gallegos Morón, crearon la empresa NUNI Coahuila TV Internet, S.A de C.V. En el órgano de vigilancia aparece Édgar Eduardo Flores Torres, quien también fue comisario de Unipolares y Espectáculos del Norte, SA. de C.V.
Intentaron tener un partido
En 2019, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) otorgó el registro al partido Unidos, a través de la asociación “Juntos podemos construir un futuro mejor”, de Rubén Humberto Moreira Guerrero.
De acuerdo con el acta constitutiva de la organización, el presidente era el hijo del exgobernador y el tesorero era Desiderio Nájera Zamarrón.
Un año después el partido perdió el registro.
Desiderio Nájera Zamarrón falleció hace cuatro años, a pesar de ello, al menos en el RPC no existen movimientos de Grupo Inmobiliario España Juárez S.A. de C.V, desde 2019, cuando este personaje mantenía el cargo de comisario. A su muerte, el exgobernador Humberto Moreira publicó una esquela en Facebook, y describió a Desiderio Nájera Zamarrón, su alfil de batalla en todas sus empresas, como una persona “leal”.
Reacciones: “Un caso de censura indirecta”
El caso no ha pasado desapercibido. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios Mx han denunciado el proceso como una forma de acoso judicial en contra del periódico.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, advirtió que “el uso de procesos judiciales como instrumento de presión contra medios independientes constituye una forma de censura indirecta que erosiona la democracia”.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y directora general de Organización Editorial Mexicana, agregó: “Esta sentencia no solo pone en riesgo la estabilidad económica de un medio, sino que priva a sus audiencias del acceso a información de interés público”.
Por su parte, la Alianza de Medios —de la que forman parte Reforma, El Universal, Proceso, Animal Político, entre otros— también condenó el fallo: “Este no es un asunto mercantil aislado, sino una controversia que incide directamente en el derecho fundamental de libertad de expresión”.
Las voces locales también han hecho eco. El historiador Carlos Recio Dávila, comentó que “el precipitado fallo del Tribunal Colegiado en contra es muestra del peso de los intereses personales en la impartición de la justicia”.
Asimismo, señaló que la decisión del Tribunal “constituye un atentado contra la libertad de expresión”.
La historiadora Esperanza Dávila Sota, señaló que en general, hablar de justicia en México es una tarea frustrante.
“El caso VANGUARDIA se vició desde el principio con el objetivo muy claro de acosar judicialmente a un medio de comunicación por sus investigaciones periodísticas encaminadas a la búsqueda de la verdad”, apuntó en una nota de Vanguardia.
El presidente del Foro de Abogados de Saltillo, Xavier Laureano Valdez, condenó el fallo y dijo que incluso en la organización que preside han recibido presiones del Poder Judicial por sus señalamientos sobre el caso.
La abogada Brenda de la Peña mencionó que la situación se califica como una injusticia muy grande, al considerar el impacto que esto puede tener en aquellos que no poseen el mismo capital económico o influencia.
El director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, comentó: “Presumo que hay un posible uso político del sistema judicial, lo cual no solo debilita la libertad de expresión, sino también los pilares democráticos y el derecho a la información. Más importante aún, este tipo de situaciones erosionan la credibilidad ciudadana en el Poder Judicial”.
Grupo Vanguardia ha denunciado que la sentencia forma parte de una estrategia para afectar la viabilidad financiera y limitar la capacidad de investigación.
